Como se señala en la carta enviada a la vicepresidenta, la Carta Revisada de 1996 y el protocolo adicional de reclamaciones colectivas han permitido grandes progresos sociales en Europa y es un instrumento eficaz con el que cuenta la sociedad civil para impulsar la modernización y la participación política de los ciudadanos y, entre ellos, de los más débiles. Esta ratificación permitirá a nuestro país dar un paso de gigante en la erradicación de la pobreza y la exclusión, y garantizar debidamente el acceso a los derechos humanos de los ciudadanos en situación de desventaja social.
Además, muestran su preocupación por el hecho de que siga sin ratificarse la Carta Social Europea Revisada, ni su protocolo adicional.
El continente europeo, y particularmente la Unión Europea, se encuentran en un periodo donde se abren grandes interrogantes sobre la efectividad y la cercanía de sus instituciones a la sociedad. Las cuatro entidades están convencidas de que la Carta Social está llamada a protagonizar un papel clave en el Pilar Social de la Unión Europea y en el futuro reordenamiento jurídico de una Europa más próxima a sus sociedades.
La ratificación plena de la Carta aportaría al actual Gobierno de España una oportunidad indiscutible, tanto a nivel interno como en el conjunto de Europa, de ser promotor de la justicia social en un contexto convulso. Así lo han entendido todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que el pasado 23 de noviembre aprobaron por unanimidad una moción relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995.