Cáritas Diocesana

 

 

 

Corazón con sombra

OBSERVAMOS LA
REALIDAD

 

 

MAYOR RENTA, PERO TAMBIÉN MAYOR RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN

 

─Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 (ECV23), el riesgo de pobreza y exclusión alcanzó en 2023 al 37,5% de la población andaluza (3.219.055 personas), casi dos puntos más que el año anterior.

[Riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE) en Andalucía y España. ECV-23.]

─Pese al incremento del 9% en la renta media por unidad de consumo, el número de personas en situación de pobreza monetaria (menos del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo) aumentó en 144.611 personas, es decir, el 1,4%, hasta alcanzar las 2.618.165.

─La situación de privación material y social severa alcanzó al 12,6% de la población andaluza, es decir, a 1.081.603 personas.

  • Casi cuatro millones de personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos.
  • Más de dos millones de personas viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno.
  • Más de ochocientas mil no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
  • Casi un millón de personas no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva.

─El 12,5% de los hogares andaluces (416.000) experimentaba mucha dificultad para llegar a fin de mes.

─El riesgo de pobreza prevalece significativamente entre los migrantes extracomunitarios (67,53%), las familias monoparentales (66,10%), las familias con hijos (41,20%), los menores de 18 años (47,10%), las personas inactivas (47,60%), las personas con bajo nivel de instrucción (47,73%) y las mujeres (39,03%).

 

LA SUBIDA DE PRECIOS INCREMENTA LA PRECARIEDAD DE LAS FAMILIAS Y AGUDIZA LAS SITUACIONES DE PRIVACIÓN

 

La persistente crisis inflacionaria está en la base del incremento del riesgo de pobreza y la agudización de las situaciones de privación material y social severa. Según datos de FOESSA, las familias más pobres gastan 6 de cada 10 euros en cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vivienda.

  • Según el Índice de Precios de Consumo, el rubro Alimentación acumulaba una subida del 29,2% entre enero de 2021 y diciembre de 2023. En el mismo periodo, la subida de los gastos de vivienda era del 6,3%; y la de los gastos de transporte, del 17,3%.
  • A pesar de la contención de los precios de los suministros de vivienda desde el pico alcanzado en 2022, se identifica una tendencia alcista a lo largo del presente siglo, con subidas importantes tanto en el suministro del agua (88%) como de la electricidad (71%) o del gas (36%).

 

LA GRAVE CRISIS DE ASEQUIBILIDAD DE LA VIVIENDA ESTÁ INCREMENTANDO LAS SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y PRECARIEDAD RESIDENCIAL

 

La vivienda y sus suministros constituyen el grupo de gastos que más está incrementando su peso en los presupuestos familiares. Particularmente, el marcado incremento en los precios de compra y alquiler de la vivienda sitúa a la exclusión y precariedad residencial como uno de los principales problemas de la sociedad española:

  • Si el incremento del salario medio osciló en torno al 14% entre 2015 y 2023, el incremento del precio y el alquiler de la vivienda superó el 40%.
  • El incremento en los precios de adquisición de una vivienda y las limitaciones crediticias alejan a las familias con menos ingresos de la posibilidad de la compra. El auge del alquiler se explica por su crecimiento entre los hogares más jóvenes y por su predominio entre la población de origen extranjero, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta.
  • En un contexto en el que la oferta de vivienda en alquiler social apenas alcanza el 2,5% -frente al 9,3% de la media europea-, la presión de la demanda, agravada por los emergentes procesos de turistificación, ha disparado los precios de los alquileres.
  • Sólo la mitad de las familias con una vivienda alquilada logra mantenerse fuera de situaciones de estrés financiero (referido a la carga económica que representa destinar más del 30% de los ingresos familiares al pago del alquiler). Este sobreesfuerzo tiene una prevalencia mucho mayor entre aquellos hogares con rentas más bajas, pero no afecta exclusivamente a los hogares más pobres, sino también a muchos hogares con rentas medias.
  • El progresivo incremento en los costes de la vivienda está forzando a muchas familias a situaciones de hacinamiento. Igualmente, está aumentando el número de familias que habitan viviendas o espacios inadecuados, degradados, insalubres e incluso ruinosos.

 

LA SITUACIÓN EXTREMA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

  

─Durante 2023, los proyectos de atención a personas sin hogar de Cáritas Sevilla han atendido a 750 personas:

  • Los equipos de trabajo advierten un incremento significativo del número de personas sin hogar, tanto hombres como mujeres. Particularmente, se advierte el aumento del número de jóvenes migrantes sin hogar, abocados a esta situación tras ser expulsados sin alternativa de los dispositivos de acogida al cumplir la mayoría de edad.
  • Los equipos de trabajo están alertando de un funcionamiento anómalo de las administraciones, que no terminan de regresar a una atención presencial suficientemente garantista con las personas que no disponen de habilidades ni herramientas digitales, particularmente numerosas en el colectivo de personas atendidas. Esta situación está ralentizando los procedimientos de acceso a recursos sociales fundamentales para las personas sin hogar (residencia, dependencia, acceso a comunidades terapéuticas), y dificultando e incluso malogrando la relación de ayuda y la iniciación de procesos de acompañamiento, a veces asentados en condiciones de gran fragilidad personal.
  • La escasez de recursos públicos de atención y acogida agrava las situaciones personales y cronifica la de muchas personas que llevan poco tiempo en la calle.

 

El paro y la precariedad laboral, en la base de las situaciones de pobreza y exclusión

  

─Si el trabajo constituye la principal fuente de provisión de ingresos para la gran mayoría de las familias y personas, el paro y la precariedad laboral se constituyen en ejes principales de los procesos de empobrecimiento y exclusión social.

─En Sevilla, la tasa de desempleo alcanzaba el 15,69% (-0,37%) durante el último trimestre de 2023 y afectaba a 150.600 personas.

  • El número de hogares sevillanos con todos sus activos en paro descendió un 13%, situándose en 42.300. Y también descendió un 8,8% el número de parados de más de un año o de primer empleo.

─Pese a la evolución relativamente favorable, persisten, sin embargo, las dinámicas y las grandes brechas estructurales de género y edad.

  • La tasa de paro continúa siendo muy elevada. Aunque muy alejada ya del catastrófico 35,27% de finales de 2013, se mantiene aún a cuatro puntos porcentuales de la media española (11,76%) y a más de nueve de la media de la eurozona (6,4%).
  • La tasa de paro es significativamente mayor entre las mujeres (20,62%) que entre los hombres (14,92%). Alcanza el 37,76% entre los menores de 20 años. Y se dispara hasta el 44,99% entre los menores de 25 años.

─Lejos de la idea que liga a las personas excluidas con empleos de exclusión y ocupaciones de tipo marginal, la vulnerabilidad se encuentra cada vez más presente entre personas con ocupaciones normalizadas y, sin embargo, precarizadas como consecuencia de la temporalidad, la parcialidad indeseada y los bajos salarios.

  • La jornada parcial y la temporalidad constituyen los principales lastres que arrastran a la población activa a este tipo de situaciones. La importante bajada de la tasa de temporalidad experimentada durante el año 2022, con un descenso récord del 8,80%, se ralentizó hasta el 1,39% durante 2023, situándose en el 21,14%.
  • Los bajos salarios redondean la ecuación: según la ECV23, el 24,9% de las personas ocupadas en Andalucía subsistía en 2023 en situación de pobreza relativa.
  • En la provincia hay apenas registradas 12.013 cotizantes en el sector profesional del empleo doméstico, sector altamente feminizado, lo que indica que buena parte de estas trabajadoras realiza su labor irregularmente.
  • Las personas de origen extranjero y, particularmente, aquellas a quienes el marco legal empuja a la irregularidad administrativa son también entregadas a la irregularidad laboral y sufren de forma inaceptablemente grave la vulneración de sus derechos laborales.

 

La situación de irregularidad administrativa aboca a cientos de personas a estrategias de supervivencia

 

─Las personas migrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable, de estatus frágil y precario, bajos ingresos y grandes dificultades. Según la ECV 2023, la población en riesgo de pobreza y exclusión entre las personas de origen extracomunitario en Andalucía asciende al 67,53%

─El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) de la Secretaría de Estado de Migraciones cifraba el número de residentes extranjeros en la provincia en 104.563 personas (1 de enero de 2024): 61.581 de origen comunitario y Reino Unido (UE28); y 42.982 de origen extracomunitario.

[Residentes extranjeros en Sevilla a 1 de enero de 2024. Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).]

─No obstante la precariedad generalizada de las personas migrantes, la condición de la irregularidad administrativa constituye un factor de empeoramiento extremo de la situación del colectivo, sometido a duras limitaciones de derechos. Las personas extranjeras en situación administrativa irregular están directamente abocadas a condiciones de

¿Quiénes son las personas migrantes en situación administrativa irregular?
  • Las que entran en España de forma legal y por puestos fronterizos habilitados, pero permanecen más tiempo del autorizado.
  • Las que, ante la falta de opciones de acceder de forma regular y por puestos habilitados, lo hacen a través de las mortíferas vías de la Frontera Sur.
  • Las que, aunque han podido obtener una autorización de residencia y/o trabajo, no pueden renovarla o modificarla porque han perdido el trabajo o dejan de cumplir las condiciones.
  • Aquéllas a las que se les deniegan las solicitudes de protección internacional.

grave privación material, y a la adopción de estrategias de supervivencia en los planos laboral, residencial, sanitario y social.

─Durante 2023, más de 500 personas solicitaron asesoramiento en temas de extranjería al servicio jurídico de Cáritas Diocesana.

El incremento de solicitantes de protección internacional está desafiando el sistema de acogida y generando una bolsa importante de personas en situación irregular.

  • Desde 2015, el número de solicitudes de protección internacional se ha multiplicado por 10, hasta alcanzar las 163.229 durante 2023, con 245.748 denegaciones en el mismo periodo.
  • Por países, Venezuela (60.534), Colombia (53.564), Perú (14.308), Honduras (3.685) y Cuba (3.082) encabezaron durante 2023 el número de solicitantes de protección internacional. Colombia (15.089), Marruecos (3.787), Perú (3.197), Honduras (2.578) y Senegal (1.067) encabezaron el número de denegaciones.
  • Los plazos en el sistema de acogida humanitaria se han acortado (de seis a entre uno y tres meses) y el procedimiento de acceso es cada vez más costoso y más largo. Ambas circunstancias hacen que las personas se queden sin una alternativa residencial tras finalizar los plazos, hasta terminar en situación de calle. Por otro lado, las personas que están esperando acceder al sistema de acogida de la protección internacional han de esperar muchos meses durante los que permanecen sin cobertura de necesidades básicas.

[Evolución del número de solicitudes de protección internacional en España. Ministerio del Interior.]

La labor de las Cáritas parroquiales está siendo repercutida de forma generalizada por la demanda de ayuda de personas y familias migrantes, sobre todo procedentes de países latinoamericanos, que ven agotados los pocos recursos con los que llegan y no pueden acceder al sistema de protección internacional.

 

La digitalización y la burocratización de la administración pública están incrementando las desigualdades en el acceso a los derechos

 

─Sin que se retome un nivel aceptable en la atención presencial tras el impulso recibido durante la crisis del COVID-19, el desarrollo y el fortalecimiento de la llamada «puerta digital» en la administración se constituye como un evidente factor de segregación en el acceso a trámites, recursos y derechos entre la ciudadanía con medios y habilidades digitales y la que carece de ellos: personas mayores, personas sin hogar, personas migrantes, personas con discapacidad cognitiva, personas con bajo nivel de instrucción y recursos... Según FOESSA, la desconexión digital -el «analfabetismo del siglo XXI»- afecta al 35% de la población.

─La digitalización de la administración pública no está suponiendo, además, una agilización de los trámites. Como advierten los equipos de nuestra Cáritas, la dilación en las citas, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado y constituyen en este momento auténticas barreras que excluyen, impiden o dificultan el acceso a las prestaciones y servicios sociales a muchas personas.

  

La insuficiencia del sistema de garantía de ingresos mínimos

 

─Si bien representan avances en el intento de abordar la precariedad económica y la pobreza en España, ni la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han alcanzado una tasa de cobertura suficientemente efectiva, y adolecen de una baja intensidad protectora.

─Pese a que la norma reguladora del IMV permite su compatibilidad con la RMISA, el Parlamento de Andalucía la redujo durante 2023 a un complemento sobre el IMV bajo condiciones muy exigentes.

  • Durante 2023, la cuantía media por titular (517 euros) apenas alcanzó el 49% del Salario Mínimo Interprofesional y el 86% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  • Según el Ministerio de Seguridad Social, a finales de 2023 el número de expedientes IMV aprobados (acumulados desde su puesta en marcha) en la provincia de Sevilla ascendía a 60.075, con un alcance de 185.502 personas. En Andalucía, los expedientes aprobados ascendían a 232.377, con un alcance de 703.803. Pese a su progresión creciente, la tasa de cobertura oscilaba aún en torno al 60% de las personas en situación de pobreza extrema (debe tenerse en cuenta la distorsión que puede provocar la asimilación de expedientes acumulados desde la puesta en marcha de la prestación a expedientes vigentes).
  • El sistema excluye a las personas en situación administrativa irregular, a las personas jóvenes emancipadas menores de 23 años, a las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos familias y a las personas que por sus circunstancias (por ejemplo, enfermedades crónicas) no están incscritas como demadantes de empleo ni pueden afrontar su inclusión en el mercado laboral.
  • Por su parte, la RMISA acumula tres años consecutivos de reducción presupuestaria y de expedientes aprobados, con tendencia evidente a la liberación de perceptores y a la disminución del gasto. Según la última memoria publicada, correspondiente a 2022, el gasto en esta prestación se ha reducido desde los 107,6 millones de euros de 2019 a los 77,2 millones de 2022, con el tope presupuestario aún menor de 73,0 millones en 2023. Durante 2022 -últimos datos publicados- se resolvieron 45.168 expedientes, de los cuales fueron favorables 17.320 (38,35%), frente a los 35.711 de 2020. El número de expedientes favorables en la provincia de Sevilla fue de 2.664 durante 2022. No existe nformación accesible sobre número de beneficiarios. En este sentido, según datos atribuidos en distintas fuentes periodísticas a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el número de familias beneficiarias en Andalucía fue de 6.500 durante 2022.
[Percepción de las condiciones de pobreza y exclusión de las personas y familias atendidas en las Cáritas parroquiales] percepcion

 

 

 

Corazón con sombra

OBSERVAMOS LA
REALIDAD

 

 

MAYOR RENTA, PERO TAMBIÉN MAYOR RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN

 

─Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 (ECV23), el riesgo de pobreza y exclusión alcanzó en 2023 al 37,5% de la población andaluza (3.219.055 personas), casi dos puntos más que el año anterior.

[Riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE) en Andalucía y España. ECV-23.]

─Pese al incremento del 9% en la renta media por unidad de consumo, el número de personas en situación de pobreza monetaria (menos del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo) aumentó en 144.611 personas, es decir, el 1,4%, hasta alcanzar las 2.618.165.

─La situación de privación material y social severa alcanzó al 12,6% de la población andaluza, es decir, a 1.081.603 personas.

  • Casi cuatro millones de personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos.
  • Más de dos millones de personas viven en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno.
  • Más de ochocientas mil no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
  • Casi un millón de personas no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva.

─El 12,5% de los hogares andaluces (416.000) experimentaba mucha dificultad para llegar a fin de mes.

─El riesgo de pobreza prevalece significativamente entre los migrantes extracomunitarios (67,53%), las familias monoparentales (66,10%), las familias con hijos (41,20%), los menores de 18 años (47,10%), las personas inactivas (47,60%), las personas con bajo nivel de instrucción (47,73%) y las mujeres (39,03%).

 

LA SUBIDA DE PRECIOS INCREMENTA LA PRECARIEDAD DE LAS FAMILIAS Y AGUDIZA LAS SITUACIONES DE PRIVACIÓN

 

La persistente crisis inflacionaria está en la base del incremento del riesgo de pobreza y la agudización de las situaciones de privación material y social severa. Según datos de FOESSA, las familias más pobres gastan 6 de cada 10 euros en cubrir sus necesidades básicas de alimentación y vivienda.

  • Según el Índice de Precios de Consumo, el rubro Alimentación acumulaba una subida del 29,2% entre enero de 2021 y diciembre de 2023. En el mismo periodo, la subida de los gastos de vivienda era del 6,3%; y la de los gastos de transporte, del 17,3%.
  • A pesar de la contención de los precios de los suministros de vivienda desde el pico alcanzado en 2022, se identifica una tendencia alcista a lo largo del presente siglo, con subidas importantes tanto en el suministro del agua (88%) como de la electricidad (71%) o del gas (36%).

 

LA GRAVE CRISIS DE ASEQUIBILIDAD DE LA VIVIENDA ESTÁ INCREMENTANDO LAS SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y PRECARIEDAD RESIDENCIAL

 

La vivienda y sus suministros constituyen el grupo de gastos que más está incrementando su peso en los presupuestos familiares. Particularmente, el marcado incremento en los precios de compra y alquiler de la vivienda sitúa a la exclusión y precariedad residencial como uno de los principales problemas de la sociedad española:

  • Si el incremento del salario medio osciló en torno al 14% entre 2015 y 2023, el incremento del precio y el alquiler de la vivienda superó el 40%.
  • El incremento en los precios de adquisición de una vivienda y las limitaciones crediticias alejan a las familias con menos ingresos de la posibilidad de la compra. El auge del alquiler se explica por su crecimiento entre los hogares más jóvenes y por su predominio entre la población de origen extranjero, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta.
  • En un contexto en el que la oferta de vivienda en alquiler social apenas alcanza el 2,5% -frente al 9,3% de la media europea-, la presión de la demanda, agravada por los emergentes procesos de turistificación, ha disparado los precios de los alquileres.
  • Sólo la mitad de las familias con una vivienda alquilada logra mantenerse fuera de situaciones de estrés financiero (referido a la carga económica que representa destinar más del 30% de los ingresos familiares al pago del alquiler). Este sobreesfuerzo tiene una prevalencia mucho mayor entre aquellos hogares con rentas más bajas, pero no afecta exclusivamente a los hogares más pobres, sino también a muchos hogares con rentas medias.
  • El progresivo incremento en los costes de la vivienda está forzando a muchas familias a situaciones de hacinamiento. Igualmente, está aumentando el número de familias que habitan viviendas o espacios inadecuados, degradados, insalubres e incluso ruinosos.

 

LA SITUACIÓN EXTREMA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

  

─Durante 2023, los proyectos de atención a personas sin hogar de Cáritas Sevilla han atendido a 750 personas:

  • Los equipos de trabajo advierten un incremento significativo del número de personas sin hogar, tanto hombres como mujeres. Particularmente, se advierte el aumento del número de jóvenes migrantes sin hogar, abocados a esta situación tras ser expulsados sin alternativa de los dispositivos de acogida al cumplir la mayoría de edad.
  • Los equipos de trabajo están alertando de un funcionamiento anómalo de las administraciones, que no terminan de regresar a una atención presencial suficientemente garantista con las personas que no disponen de habilidades ni herramientas digitales, particularmente numerosas en el colectivo de personas atendidas. Esta situación está ralentizando los procedimientos de acceso a recursos sociales fundamentales para las personas sin hogar (residencia, dependencia, acceso a comunidades terapéuticas), y dificultando e incluso malogrando la relación de ayuda y la iniciación de procesos de acompañamiento, a veces asentados en condiciones de gran fragilidad personal.
  • La escasez de recursos públicos de atención y acogida agrava las situaciones personales y cronifica la de muchas personas que llevan poco tiempo en la calle.

 

El paro y la precariedad laboral, en la base de las situaciones de pobreza y exclusión

  

─Si el trabajo constituye la principal fuente de provisión de ingresos para la gran mayoría de las familias y personas, el paro y la precariedad laboral se constituyen en ejes principales de los procesos de empobrecimiento y exclusión social.

─En Sevilla, la tasa de desempleo alcanzaba el 15,69% (-0,37%) durante el último trimestre de 2023 y afectaba a 150.600 personas.

  • El número de hogares sevillanos con todos sus activos en paro descendió un 13%, situándose en 42.300. Y también descendió un 8,8% el número de parados de más de un año o de primer empleo.

─Pese a la evolución relativamente favorable, persisten, sin embargo, las dinámicas y las grandes brechas estructurales de género y edad.

  • La tasa de paro continúa siendo muy elevada. Aunque muy alejada ya del catastrófico 35,27% de finales de 2013, se mantiene aún a cuatro puntos porcentuales de la media española (11,76%) y a más de nueve de la media de la eurozona (6,4%).
  • La tasa de paro es significativamente mayor entre las mujeres (20,62%) que entre los hombres (14,92%). Alcanza el 37,76% entre los menores de 20 años. Y se dispara hasta el 44,99% entre los menores de 25 años.

─Lejos de la idea que liga a las personas excluidas con empleos de exclusión y ocupaciones de tipo marginal, la vulnerabilidad se encuentra cada vez más presente entre personas con ocupaciones normalizadas y, sin embargo, precarizadas como consecuencia de la temporalidad, la parcialidad indeseada y los bajos salarios.

  • La jornada parcial y la temporalidad constituyen los principales lastres que arrastran a la población activa a este tipo de situaciones. La importante bajada de la tasa de temporalidad experimentada durante el año 2022, con un descenso récord del 8,80%, se ralentizó hasta el 1,39% durante 2023, situándose en el 21,14%.
  • Los bajos salarios redondean la ecuación: según la ECV23, el 24,9% de las personas ocupadas en Andalucía subsistía en 2023 en situación de pobreza relativa.
  • En la provincia hay apenas registradas 12.013 cotizantes en el sector profesional del empleo doméstico, sector altamente feminizado, lo que indica que buena parte de estas trabajadoras realiza su labor irregularmente.
  • Las personas de origen extranjero y, particularmente, aquellas a quienes el marco legal empuja a la irregularidad administrativa son también entregadas a la irregularidad laboral y sufren de forma inaceptablemente grave la vulneración de sus derechos laborales.

 

La situación de irregularidad administrativa aboca a cientos de personas a estrategias de supervivencia

 

─Las personas migrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable, de estatus frágil y precario, bajos ingresos y grandes dificultades. Según la ECV 2023, la población en riesgo de pobreza y exclusión entre las personas de origen extracomunitario en Andalucía asciende al 67,53%

─El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) de la Secretaría de Estado de Migraciones cifraba el número de residentes extranjeros en la provincia en 104.563 personas (1 de enero de 2024): 61.581 de origen comunitario y Reino Unido (UE28); y 42.982 de origen extracomunitario.

[Residentes extranjeros en Sevilla a 1 de enero de 2024. Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).]

─No obstante la precariedad generalizada de las personas migrantes, la condición de la irregularidad administrativa constituye un factor de empeoramiento extremo de la situación del colectivo, sometido a duras limitaciones de derechos. Las personas extranjeras en situación administrativa irregular están directamente abocadas a condiciones de

¿Quiénes son las personas migrantes en situación administrativa irregular?
  • Las que entran en España de forma legal y por puestos fronterizos habilitados, pero permanecen más tiempo del autorizado.
  • Las que, ante la falta de opciones de acceder de forma regular y por puestos habilitados, lo hacen a través de las mortíferas vías de la Frontera Sur.
  • Las que, aunque han podido obtener una autorización de residencia y/o trabajo, no pueden renovarla o modificarla porque han perdido el trabajo o dejan de cumplir las condiciones.
  • Aquéllas a las que se les deniegan las solicitudes de protección internacional.

grave privación material, y a la adopción de estrategias de supervivencia en los planos laboral, residencial, sanitario y social.

─Durante 2023, más de 500 personas solicitaron asesoramiento en temas de extranjería al servicio jurídico de Cáritas Diocesana.

El incremento de solicitantes de protección internacional está desafiando el sistema de acogida y generando una bolsa importante de personas en situación irregular.

  • Desde 2015, el número de solicitudes de protección internacional se ha multiplicado por 10, hasta alcanzar las 163.229 durante 2023, con 245.748 denegaciones en el mismo periodo.
  • Por países, Venezuela (60.534), Colombia (53.564), Perú (14.308), Honduras (3.685) y Cuba (3.082) encabezaron durante 2023 el número de solicitantes de protección internacional. Colombia (15.089), Marruecos (3.787), Perú (3.197), Honduras (2.578) y Senegal (1.067) encabezaron el número de denegaciones.
  • Los plazos en el sistema de acogida humanitaria se han acortado (de seis a entre uno y tres meses) y el procedimiento de acceso es cada vez más costoso y más largo. Ambas circunstancias hacen que las personas se queden sin una alternativa residencial tras finalizar los plazos, hasta terminar en situación de calle. Por otro lado, las personas que están esperando acceder al sistema de acogida de la protección internacional han de esperar muchos meses durante los que permanecen sin cobertura de necesidades básicas.

[Evolución del número de solicitudes de protección internacional en España. Ministerio del Interior.]

La labor de las Cáritas parroquiales está siendo repercutida de forma generalizada por la demanda de ayuda de personas y familias migrantes, sobre todo procedentes de países latinoamericanos, que ven agotados los pocos recursos con los que llegan y no pueden acceder al sistema de protección internacional.

 

La digitalización y la burocratización de la administración pública están incrementando las desigualdades en el acceso a los derechos

 

─Sin que se retome un nivel aceptable en la atención presencial tras el impulso recibido durante la crisis del COVID-19, el desarrollo y el fortalecimiento de la llamada «puerta digital» en la administración se constituye como un evidente factor de segregación en el acceso a trámites, recursos y derechos entre la ciudadanía con medios y habilidades digitales y la que carece de ellos: personas mayores, personas sin hogar, personas migrantes, personas con discapacidad cognitiva, personas con bajo nivel de instrucción y recursos... Según FOESSA, la desconexión digital -el «analfabetismo del siglo XXI»- afecta al 35% de la población.

─La digitalización de la administración pública no está suponiendo, además, una agilización de los trámites. Como advierten los equipos de nuestra Cáritas, la dilación en las citas, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado y constituyen en este momento auténticas barreras que excluyen, impiden o dificultan el acceso a las prestaciones y servicios sociales a muchas personas.

  

La insuficiencia del sistema de garantía de ingresos mínimos

 

─Si bien representan avances en el intento de abordar la precariedad económica y la pobreza en España, ni la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han alcanzado una tasa de cobertura suficientemente efectiva, y adolecen de una baja intensidad protectora.

─Pese a que la norma reguladora del IMV permite su compatibilidad con la RMISA, el Parlamento de Andalucía la redujo durante 2023 a un complemento sobre el IMV bajo condiciones muy exigentes.

  • Durante 2023, la cuantía media por titular (517 euros) apenas alcanzó el 49% del Salario Mínimo Interprofesional y el 86% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  • Según el Ministerio de Seguridad Social, a finales de 2023 el número de expedientes IMV aprobados (acumulados desde su puesta en marcha) en la provincia de Sevilla ascendía a 60.075, con un alcance de 185.502 personas. En Andalucía, los expedientes aprobados ascendían a 232.377, con un alcance de 703.803. Pese a su progresión creciente, la tasa de cobertura oscilaba aún en torno al 60% de las personas en situación de pobreza extrema (debe tenerse en cuenta la distorsión que puede provocar la asimilación de expedientes acumulados desde la puesta en marcha de la prestación a expedientes vigentes).
  • El sistema excluye a las personas en situación administrativa irregular, a las personas jóvenes emancipadas menores de 23 años, a las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos familias y a las personas que por sus circunstancias (por ejemplo, enfermedades crónicas) no están incscritas como demadantes de empleo ni pueden afrontar su inclusión en el mercado laboral.
  • Por su parte, la RMISA acumula tres años consecutivos de reducción presupuestaria y de expedientes aprobados, con tendencia evidente a la liberación de perceptores y a la disminución del gasto. Según la última memoria publicada, correspondiente a 2022, el gasto en esta prestación se ha reducido desde los 107,6 millones de euros de 2019 a los 77,2 millones de 2022, con el tope presupuestario aún menor de 73,0 millones en 2023. Durante 2022 -últimos datos publicados- se resolvieron 45.168 expedientes, de los cuales fueron favorables 17.320 (38,35%), frente a los 35.711 de 2020. El número de expedientes favorables en la provincia de Sevilla fue de 2.664 durante 2022. No existe nformación accesible sobre número de beneficiarios. En este sentido, según datos atribuidos en distintas fuentes periodísticas a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el número de familias beneficiarias en Andalucía fue de 6.500 durante 2022.
[Percepción de las condiciones de pobreza y exclusión de las personas y familias atendidas en las Cáritas parroquiales] percepcion
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