MEMORIA 2022
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El impacto de la subida de precios sobre las familias más vulnerables
Tras la crisis de la covid-19, que aumentó la desigualdad, la pobreza monetaria y el riesgo de exclusión social en amplios sectores de la población de nuestro país, asistimos a una crisis inflacionaria que vuelve a golpear con especial dureza y dramatismo a los hogares más vulnerables.
Desde hace varios meses, el incremento generalizado de los precios -particularmente en los bienes y servicios de primera necesidad, con tasas interanuales desconocidas desde hace más de cuarenta años- está desbordando la capacidad económica de las familias con menos ingresos, que encuentran dificultades crecientes y, a veces, insalvables para saldar la factura energética y su abastecimiento básico.
En su informe sobre el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (2022), la Fundación FOESSA estimaba en tres de cada diez -el 31,5%- la proporción de familias españolas que, en 2022, no alcanzaban el presupuesto mínimo para satisfacer sus necesidades básicas en condiciones mínimas y aceptables. Entre ellos, se significaban especialmente los hogares con presencia de menores en edad escolar, personas discapacitadas y/o dependientes; agravados, además, por el desempleo, las situaciones de endeudamiento y carencia de ingresos estables; y sometidos al alquiler de la vivienda.
Persistencia de la pobreza y la exclusión social
En relación a la situación de la pobreza y exclusión social en Andalucía, según datos del INE correspondientes al año 2021, 3.008.000 andaluces están en riesgo de exclusión. Esto representa el 35,8% de la población, 9,8 puntos más que la media nacional. Andalucía reduce algunos de sus indicadores de pobreza con respecto al año anterior, pero la situación sigue siendo muy preocupante. Los datos más relevantes son:
- Tasa de pobreza: 29,1% de los hogares, lo que supone 8,7 puntos por encima de la media nacional. Destacar que un 29,4% de los menores de 18 años en Andalucía está en situación de pobreza, alcanzando a más de 454.379 menores.
- Carencia material social y severa: 11,3% de los hogares, lo que supone 3,6 puntos por encima de la media nacional: un 21,4% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; un 45,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; un 7,5% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
- Hogares con baja intensidad de empleo: afecta al 12,3%, situándose 3,7 puntos por encima de la media nacional. No obstante, destaca la bajada en 6,1 puntos con respecto a los datos del año anterior en Andalucía.
Según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía (FOESSA, 2022), se reducen las tasas de integración social y crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, que afectan a más de un millón de personas. Además, crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, en menor medida, en el eje relacional.
Buenas noticias en relación al empleo
Según el INE, la tasa de paro en Sevilla a finales de 2022 se encontraba en un 16,06%, siendo mayor en mujeres (18,07%) que en hombres (14,31%). En total hay 152.100 personas desempleadas, 36.300 menos que hace un año. Además, hay un fuerte incremento de indefinidos: son 87.300 más, hasta 536.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 22,53%, 8,8 puntos menos que a finales de 2021. Por último, destacar que los hogares con todos los activos en paro siguen bajando y pasan de 59.200 a 47.800.
El deterioro del sistema de salud
El informe de FOESSA destaca que en los tres últimos años ha crecido la proporción de hogares y de personas que están afectados por problemas de exclusión social en la dimensión de la salud. En efecto, el 19,6% de los hogares y el 17,4% de la población experimenta situaciones carenciales en este sentido en 2021, frente al 14,5% y el 12,6% en 2018, y el 17,2% y 17%, respectivamente, en el conjunto de España.
Los problemas más prevalentes son los siguientes: el 48,6% ha dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos o dietas por cuestiones económicas. En el 5,8% se han experimentado -en la actualidad o en el pasado- situaciones de hambre.
Educación
Con datos de 2021 del INE, la tasa de abandono escolar en Andalucía es del 17,7%, la mayor de toda España, donde la media es del 13,3%. El porcentaje y número de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja en Andalucía es del 11,01%. Otro dato destacado es la población de 18 a 24 años que no ha terminado la educación secundaria, un 32,5% en Andalucía, frente al 26% a nivel nacional.
El informe de FOESSA destaca que la brecha digital es del 36,3% en el caso de los hogares en situación de exclusión moderada; y llega hasta el 57,2% en los hogares en situación de exclusión severa.
Vivienda
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años. La subida del precio de la vivienda, que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler, desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía.
Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, a su vez, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo: el de las personas sin hogar. Una de cada cinco personas sin hogar reside en Andalucía.
FOESSA destaca, asimismo, que crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de la vivienda, que afectan a casi una cuarta parte de la población.
¿A quién afecta la exclusión social?
Los sectores de población más afectados se han mantenido bastante constantes en todo este periodo, pero cada vez se amplían más las diferencias respecto del resto. La incidencia de la exclusión social severa es el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer (26%), afecta principalmente a la infancia (22%) y a las personas de menor nivel formativo (la ESO ya no es suficiente para prevenir la exclusión). Golpea también especialmente a las personas con problemas de salud mental (20%). Y repercute más en los barrios desfavorecidos (25%). Pero, sin duda, es el factor étnico el que más discrimina: un 38% de la población migrante de origen extracomunitario está en situación de exclusión social severa; y la incidencia en la comunidad gitana es todavía mayor.
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, que padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza.
Especialmente preocupante es la situación de soledad no deseada de las personas mayores. En Sevilla, los mayores de 70 años alcanzan un total de 22.700 personas, siendo las mujeres más del doble que los hombres: 16.318 mujeres frente a 6.382 hombres. A la soledad y la avanzada edad de la mayoría de estas personas se añade un factor más: el económico. Según el INE, el nivel de ingresos mensuales netos en más de la mitad de estos hogares es de menos de 1.000 euros. Un factor que influye para incrementar las dificultades de estas personas a la hora de afrontar los gastos de vivienda, alimentación, energía y transporte.
¿A qué territorios afecta la exclusión social?
Según los Indicadores Urbanos del INE, en Andalucía se encuentran doce de los quince municipios con menor renta; y once de los quince barrios más pobres de España. A su vez, en Sevilla capital se encuentran tres de los cuatro barrios más pobres de España (Polígono Sur, Los Pajaritos-Amate y Torreblanca).
En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca ocupa el tercer lugar ; Lebrija el puesto 13; Coria del Río el 14; Écija el 32; San Juan de Aznalfarache el 44; y Utrera el 48.
En cuanto a los pueblos con menor renta media por habitante/año, encontramos El Palmar de Troya, Pruna, El Cuervo, Badolatosa, Martín de la Jara y Burguillos.
Estrategias de lucha contra la pobreza
Las crisis económicas sucesivas generan un fuerte impacto en las situaciones de pobreza y exclusión social, que no permite afianzar los procesos encaminados a la integración social. Nos enfrentamos a procesos de exclusión social más amplios y más intensos, con más acumulación de problemáticas diversas en los hogares, y más prolongados, con riesgo de cronificación en el tiempo de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en salud, vivienda o protección social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones. En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían.
A pesar de estas medidas, conviene recordar que el conjunto de las prestaciones de protección social -especialmente aquellas dirigidas a la población en exclusión- son de baja extensión (llegan a mucha menos gente de la que lo necesita) y de baja intensidad protectora (son claramente insuficientes en sus cuantías). En este sentido, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de Estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos.
MEMORIA 2022
ANÁLISIS SOCIAL
El impacto de la subida de precios sobre las familias más vulnerables
Tras la crisis de la covid-19, que aumentó la desigualdad, la pobreza monetaria y el riesgo de exclusión social en amplios sectores de la población de nuestro país, asistimos a una crisis inflacionaria que vuelve a golpear con especial dureza y dramatismo a los hogares más vulnerables.
Desde hace varios meses, el incremento generalizado de los precios -particularmente en los bienes y servicios de primera necesidad, con tasas interanuales desconocidas desde hace más de cuarenta años- está desbordando la capacidad económica de las familias con menos ingresos, que encuentran dificultades crecientes y, a veces, insalvables para saldar la factura energética y su abastecimiento básico.
En su informe sobre el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (2022), la Fundación FOESSA estimaba en tres de cada diez -el 31,5%- la proporción de familias españolas que, en 2022, no alcanzaban el presupuesto mínimo para satisfacer sus necesidades básicas en condiciones mínimas y aceptables. Entre ellos, se significaban especialmente los hogares con presencia de menores en edad escolar, personas discapacitadas y/o dependientes; agravados, además, por el desempleo, las situaciones de endeudamiento y carencia de ingresos estables; y sometidos al alquiler de la vivienda.
Persistencia de la pobreza y la exclusión social
En relación a la situación de la pobreza y exclusión social en Andalucía, según datos del INE correspondientes al año 2021, 3.008.000 andaluces están en riesgo de exclusión. Esto representa el 35,8% de la población, 9,8 puntos más que la media nacional. Andalucía reduce algunos de sus indicadores de pobreza con respecto al año anterior, pero la situación sigue siendo muy preocupante. Los datos más relevantes son:
- Tasa de pobreza: 29,1% de los hogares, lo que supone 8,7 puntos por encima de la media nacional. Destacar que un 29,4% de los menores de 18 años en Andalucía está en situación de pobreza, alcanzando a más de 454.379 menores.
- Carencia material social y severa: 11,3% de los hogares, lo que supone 3,6 puntos por encima de la media nacional: un 21,4% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; un 45,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; un 7,5% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
- Hogares con baja intensidad de empleo: afecta al 12,3%, situándose 3,7 puntos por encima de la media nacional. No obstante, destaca la bajada en 6,1 puntos con respecto a los datos del año anterior en Andalucía.
Según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía (FOESSA, 2022), se reducen las tasas de integración social y crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, que afectan a más de un millón de personas. Además, crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, en menor medida, en el eje relacional.
Buenas noticias en relación al empleo
Según el INE, la tasa de paro en Sevilla a finales de 2022 se encontraba en un 16,06%, siendo mayor en mujeres (18,07%) que en hombres (14,31%). En total hay 152.100 personas desempleadas, 36.300 menos que hace un año. Además, hay un fuerte incremento de indefinidos: son 87.300 más, hasta 536.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 22,53%, 8,8 puntos menos que a finales de 2021. Por último, destacar que los hogares con todos los activos en paro siguen bajando y pasan de 59.200 a 47.800.
El deterioro del sistema de salud
El informe de FOESSA destaca que en los tres últimos años ha crecido la proporción de hogares y de personas que están afectados por problemas de exclusión social en la dimensión de la salud. En efecto, el 19,6% de los hogares y el 17,4% de la población experimenta situaciones carenciales en este sentido en 2021, frente al 14,5% y el 12,6% en 2018, y el 17,2% y 17%, respectivamente, en el conjunto de España.
Los problemas más prevalentes son los siguientes: el 48,6% ha dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos o dietas por cuestiones económicas. En el 5,8% se han experimentado -en la actualidad o en el pasado- situaciones de hambre.
Educación
Con datos de 2021 del INE, la tasa de abandono escolar en Andalucía es del 17,7%, la mayor de toda España, donde la media es del 13,3%. El porcentaje y número de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja en Andalucía es del 11,01%. Otro dato destacado es la población de 18 a 24 años que no ha terminado la educación secundaria, un 32,5% en Andalucía, frente al 26% a nivel nacional.
El informe de FOESSA destaca que la brecha digital es del 36,3% en el caso de los hogares en situación de exclusión moderada; y llega hasta el 57,2% en los hogares en situación de exclusión severa.
Vivienda
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años. La subida del precio de la vivienda, que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler, desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía.
Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, a su vez, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo: el de las personas sin hogar. Una de cada cinco personas sin hogar reside en Andalucía.
FOESSA destaca, asimismo, que crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de la vivienda, que afectan a casi una cuarta parte de la población.
¿A quién afecta la exclusión social?
Los sectores de población más afectados se han mantenido bastante constantes en todo este periodo, pero cada vez se amplían más las diferencias respecto del resto. La incidencia de la exclusión social severa es el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer (26%), afecta principalmente a la infancia (22%) y a las personas de menor nivel formativo (la ESO ya no es suficiente para prevenir la exclusión). Golpea también especialmente a las personas con problemas de salud mental (20%). Y repercute más en los barrios desfavorecidos (25%). Pero, sin duda, es el factor étnico el que más discrimina: un 38% de la población migrante de origen extracomunitario está en situación de exclusión social severa; y la incidencia en la comunidad gitana es todavía mayor.
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, que padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza.
Especialmente preocupante es la situación de soledad no deseada de las personas mayores. En Sevilla, los mayores de 70 años alcanzan un total de 22.700 personas, siendo las mujeres más del doble que los hombres: 16.318 mujeres frente a 6.382 hombres. A la soledad y la avanzada edad de la mayoría de estas personas se añade un factor más: el económico. Según el INE, el nivel de ingresos mensuales netos en más de la mitad de estos hogares es de menos de 1.000 euros. Un factor que influye para incrementar las dificultades de estas personas a la hora de afrontar los gastos de vivienda, alimentación, energía y transporte.
¿A qué territorios afecta la exclusión social?
Según los Indicadores Urbanos del INE, en Andalucía se encuentran doce de los quince municipios con menor renta; y once de los quince barrios más pobres de España. A su vez, en Sevilla capital se encuentran tres de los cuatro barrios más pobres de España (Polígono Sur, Los Pajaritos-Amate y Torreblanca).
En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca ocupa el tercer lugar ; Lebrija el puesto 13; Coria del Río el 14; Écija el 32; San Juan de Aznalfarache el 44; y Utrera el 48.
En cuanto a los pueblos con menor renta media por habitante/año, encontramos El Palmar de Troya, Pruna, El Cuervo, Badolatosa, Martín de la Jara y Burguillos.
Estrategias de lucha contra la pobreza
Las crisis económicas sucesivas generan un fuerte impacto en las situaciones de pobreza y exclusión social, que no permite afianzar los procesos encaminados a la integración social. Nos enfrentamos a procesos de exclusión social más amplios y más intensos, con más acumulación de problemáticas diversas en los hogares, y más prolongados, con riesgo de cronificación en el tiempo de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en salud, vivienda o protección social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones. En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían.
A pesar de estas medidas, conviene recordar que el conjunto de las prestaciones de protección social -especialmente aquellas dirigidas a la población en exclusión- son de baja extensión (llegan a mucha menos gente de la que lo necesita) y de baja intensidad protectora (son claramente insuficientes en sus cuantías). En este sentido, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de Estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos.
MEMORIA 2022
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El impacto de la subida de precios sobre las familias más vulnerables
Tras la crisis de la covid-19, que aumentó la desigualdad, la pobreza monetaria y el riesgo de exclusión social en amplios sectores de la población de nuestro país, asistimos a una crisis inflacionaria que vuelve a golpear con especial dureza y dramatismo a los hogares más vulnerables.
Desde hace varios meses, el incremento generalizado de los precios -particularmente en los bienes y servicios de primera necesidad, con tasas interanuales desconocidas desde hace más de cuarenta años- está desbordando la capacidad económica de las familias con menos ingresos, que encuentran dificultades crecientes y, a veces, insalvables para saldar la factura energética y su abastecimiento básico.
En su informe sobre el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (2022), la Fundación FOESSA estimaba en tres de cada diez -el 31,5%- la proporción de familias españolas que, en 2022, no alcanzaban el presupuesto mínimo para satisfacer sus necesidades básicas en condiciones mínimas y aceptables. Entre ellos, se significaban especialmente los hogares con presencia de menores en edad escolar, personas discapacitadas y/o dependientes; agravados, además, por el desempleo, las situaciones de endeudamiento y carencia de ingresos estables; y sometidos al alquiler de la vivienda.
Persistencia de la pobreza y la exclusión social
En relación a la situación de la pobreza y exclusión social en Andalucía, según datos del INE correspondientes al año 2021, 3.008.000 andaluces están en riesgo de exclusión. Esto representa el 35,8% de la población, 9,8 puntos más que la media nacional. Andalucía reduce algunos de sus indicadores de pobreza con respecto al año anterior, pero la situación sigue siendo muy preocupante. Los datos más relevantes son:
- Tasa de pobreza: 29,1% de los hogares, lo que supone 8,7 puntos por encima de la media nacional. Destacar que un 29,4% de los menores de 18 años en Andalucía está en situación de pobreza, alcanzando a más de 454.379 menores.
- Carencia material social y severa: 11,3% de los hogares, lo que supone 3,6 puntos por encima de la media nacional: un 21,4% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; un 45,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; un 7,5% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
- Hogares con baja intensidad de empleo: afecta al 12,3%, situándose 3,7 puntos por encima de la media nacional. No obstante, destaca la bajada en 6,1 puntos con respecto a los datos del año anterior en Andalucía.
Según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía (FOESSA, 2022), se reducen las tasas de integración social y crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, que afectan a más de un millón de personas. Además, crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, en menor medida, en el eje relacional.
Buenas noticias en relación al empleo
Según el INE, la tasa de paro en Sevilla a finales de 2022 se encontraba en un 16,06%, siendo mayor en mujeres (18,07%) que en hombres (14,31%). En total hay 152.100 personas desempleadas, 36.300 menos que hace un año. Además, hay un fuerte incremento de indefinidos: son 87.300 más, hasta 536.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 22,53%, 8,8 puntos menos que a finales de 2021. Por último, destacar que los hogares con todos los activos en paro siguen bajando y pasan de 59.200 a 47.800.
El deterioro del sistema de salud
El informe de FOESSA destaca que en los tres últimos años ha crecido la proporción de hogares y de personas que están afectados por problemas de exclusión social en la dimensión de la salud. En efecto, el 19,6% de los hogares y el 17,4% de la población experimenta situaciones carenciales en este sentido en 2021, frente al 14,5% y el 12,6% en 2018, y el 17,2% y 17%, respectivamente, en el conjunto de España.
Los problemas más prevalentes son los siguientes: el 48,6% ha dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos o dietas por cuestiones económicas. En el 5,8% se han experimentado -en la actualidad o en el pasado- situaciones de hambre.
Educación
Con datos de 2021 del INE, la tasa de abandono escolar en Andalucía es del 17,7%, la mayor de toda España, donde la media es del 13,3%. El porcentaje y número de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja en Andalucía es del 11,01%. Otro dato destacado es la población de 18 a 24 años que no ha terminado la educación secundaria, un 32,5% en Andalucía, frente al 26% a nivel nacional.
El informe de FOESSA destaca que la brecha digital es del 36,3% en el caso de los hogares en situación de exclusión moderada; y llega hasta el 57,2% en los hogares en situación de exclusión severa.
Vivienda
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años. La subida del precio de la vivienda, que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler, desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía.
Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, a su vez, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo: el de las personas sin hogar. Una de cada cinco personas sin hogar reside en Andalucía.
FOESSA destaca, asimismo, que crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de la vivienda, que afectan a casi una cuarta parte de la población.
¿A quién afecta la exclusión social?
Los sectores de población más afectados se han mantenido bastante constantes en todo este periodo, pero cada vez se amplían más las diferencias respecto del resto. La incidencia de la exclusión social severa es el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer (26%), afecta principalmente a la infancia (22%) y a las personas de menor nivel formativo (la ESO ya no es suficiente para prevenir la exclusión). Golpea también especialmente a las personas con problemas de salud mental (20%). Y repercute más en los barrios desfavorecidos (25%). Pero, sin duda, es el factor étnico el que más discrimina: un 38% de la población migrante de origen extracomunitario está en situación de exclusión social severa; y la incidencia en la comunidad gitana es todavía mayor.
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, que padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza.
Especialmente preocupante es la situación de soledad no deseada de las personas mayores. En Sevilla, los mayores de 70 años alcanzan un total de 22.700 personas, siendo las mujeres más del doble que los hombres: 16.318 mujeres frente a 6.382 hombres. A la soledad y la avanzada edad de la mayoría de estas personas se añade un factor más: el económico. Según el INE, el nivel de ingresos mensuales netos en más de la mitad de estos hogares es de menos de 1.000 euros. Un factor que influye para incrementar las dificultades de estas personas a la hora de afrontar los gastos de vivienda, alimentación, energía y transporte.
¿A qué territorios afecta la exclusión social?
Según los Indicadores Urbanos del INE, en Andalucía se encuentran doce de los quince municipios con menor renta; y once de los quince barrios más pobres de España. A su vez, en Sevilla capital se encuentran tres de los cuatro barrios más pobres de España (Polígono Sur, Los Pajaritos-Amate y Torreblanca).
En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca ocupa el tercer lugar ; Lebrija el puesto 13; Coria del Río el 14; Écija el 32; San Juan de Aznalfarache el 44; y Utrera el 48.
En cuanto a los pueblos con menor renta media por habitante/año, encontramos El Palmar de Troya, Pruna, El Cuervo, Badolatosa, Martín de la Jara y Burguillos.
Estrategias de lucha contra la pobreza
Las crisis económicas sucesivas generan un fuerte impacto en las situaciones de pobreza y exclusión social, que no permite afianzar los procesos encaminados a la integración social. Nos enfrentamos a procesos de exclusión social más amplios y más intensos, con más acumulación de problemáticas diversas en los hogares, y más prolongados, con riesgo de cronificación en el tiempo de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en salud, vivienda o protección social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones. En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían.
A pesar de estas medidas, conviene recordar que el conjunto de las prestaciones de protección social -especialmente aquellas dirigidas a la población en exclusión- son de baja extensión (llegan a mucha menos gente de la que lo necesita) y de baja intensidad protectora (son claramente insuficientes en sus cuantías). En este sentido, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de Estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos.
MEMORIA 2022
ANÁLISIS SOCIAL
El impacto de la subida de precios sobre las familias más vulnerables
Tras la crisis de la covid-19, que aumentó la desigualdad, la pobreza monetaria y el riesgo de exclusión social en amplios sectores de la población de nuestro país, asistimos a una crisis inflacionaria que vuelve a golpear con especial dureza y dramatismo a los hogares más vulnerables.
Desde hace varios meses, el incremento generalizado de los precios -particularmente en los bienes y servicios de primera necesidad, con tasas interanuales desconocidas desde hace más de cuarenta años- está desbordando la capacidad económica de las familias con menos ingresos, que encuentran dificultades crecientes y, a veces, insalvables para saldar la factura energética y su abastecimiento básico.
En su informe sobre el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (2022), la Fundación FOESSA estimaba en tres de cada diez -el 31,5%- la proporción de familias españolas que, en 2022, no alcanzaban el presupuesto mínimo para satisfacer sus necesidades básicas en condiciones mínimas y aceptables. Entre ellos, se significaban especialmente los hogares con presencia de menores en edad escolar, personas discapacitadas y/o dependientes; agravados, además, por el desempleo, las situaciones de endeudamiento y carencia de ingresos estables; y sometidos al alquiler de la vivienda.
Persistencia de la pobreza y la exclusión social
En relación a la situación de la pobreza y exclusión social en Andalucía, según datos del INE correspondientes al año 2021, 3.008.000 andaluces están en riesgo de exclusión. Esto representa el 35,8% de la población, 9,8 puntos más que la media nacional. Andalucía reduce algunos de sus indicadores de pobreza con respecto al año anterior, pero la situación sigue siendo muy preocupante. Los datos más relevantes son:
- Tasa de pobreza: 29,1% de los hogares, lo que supone 8,7 puntos por encima de la media nacional. Destacar que un 29,4% de los menores de 18 años en Andalucía está en situación de pobreza, alcanzando a más de 454.379 menores.
- Carencia material social y severa: 11,3% de los hogares, lo que supone 3,6 puntos por encima de la media nacional: un 21,4% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; un 45,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; un 7,5% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
- Hogares con baja intensidad de empleo: afecta al 12,3%, situándose 3,7 puntos por encima de la media nacional. No obstante, destaca la bajada en 6,1 puntos con respecto a los datos del año anterior en Andalucía.
Según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía (FOESSA, 2022), se reducen las tasas de integración social y crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, que afectan a más de un millón de personas. Además, crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, en menor medida, en el eje relacional.
Buenas noticias en relación al empleo
Según el INE, la tasa de paro en Sevilla a finales de 2022 se encontraba en un 16,06%, siendo mayor en mujeres (18,07%) que en hombres (14,31%). En total hay 152.100 personas desempleadas, 36.300 menos que hace un año. Además, hay un fuerte incremento de indefinidos: son 87.300 más, hasta 536.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 22,53%, 8,8 puntos menos que a finales de 2021. Por último, destacar que los hogares con todos los activos en paro siguen bajando y pasan de 59.200 a 47.800.
El deterioro del sistema de salud
El informe de FOESSA destaca que en los tres últimos años ha crecido la proporción de hogares y de personas que están afectados por problemas de exclusión social en la dimensión de la salud. En efecto, el 19,6% de los hogares y el 17,4% de la población experimenta situaciones carenciales en este sentido en 2021, frente al 14,5% y el 12,6% en 2018, y el 17,2% y 17%, respectivamente, en el conjunto de España.
Los problemas más prevalentes son los siguientes: el 48,6% ha dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos o dietas por cuestiones económicas. En el 5,8% se han experimentado -en la actualidad o en el pasado- situaciones de hambre.
Educación
Con datos de 2021 del INE, la tasa de abandono escolar en Andalucía es del 17,7%, la mayor de toda España, donde la media es del 13,3%. El porcentaje y número de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja en Andalucía es del 11,01%. Otro dato destacado es la población de 18 a 24 años que no ha terminado la educación secundaria, un 32,5% en Andalucía, frente al 26% a nivel nacional.
El informe de FOESSA destaca que la brecha digital es del 36,3% en el caso de los hogares en situación de exclusión moderada; y llega hasta el 57,2% en los hogares en situación de exclusión severa.
Vivienda
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años. La subida del precio de la vivienda, que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler, desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía.
Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, a su vez, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo: el de las personas sin hogar. Una de cada cinco personas sin hogar reside en Andalucía.
FOESSA destaca, asimismo, que crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de la vivienda, que afectan a casi una cuarta parte de la población.
¿A quién afecta la exclusión social?
Los sectores de población más afectados se han mantenido bastante constantes en todo este periodo, pero cada vez se amplían más las diferencias respecto del resto. La incidencia de la exclusión social severa es el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer (26%), afecta principalmente a la infancia (22%) y a las personas de menor nivel formativo (la ESO ya no es suficiente para prevenir la exclusión). Golpea también especialmente a las personas con problemas de salud mental (20%). Y repercute más en los barrios desfavorecidos (25%). Pero, sin duda, es el factor étnico el que más discrimina: un 38% de la población migrante de origen extracomunitario está en situación de exclusión social severa; y la incidencia en la comunidad gitana es todavía mayor.
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, que padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza.
Especialmente preocupante es la situación de soledad no deseada de las personas mayores. En Sevilla, los mayores de 70 años alcanzan un total de 22.700 personas, siendo las mujeres más del doble que los hombres: 16.318 mujeres frente a 6.382 hombres. A la soledad y la avanzada edad de la mayoría de estas personas se añade un factor más: el económico. Según el INE, el nivel de ingresos mensuales netos en más de la mitad de estos hogares es de menos de 1.000 euros. Un factor que influye para incrementar las dificultades de estas personas a la hora de afrontar los gastos de vivienda, alimentación, energía y transporte.
¿A qué territorios afecta la exclusión social?
Según los Indicadores Urbanos del INE, en Andalucía se encuentran doce de los quince municipios con menor renta; y once de los quince barrios más pobres de España. A su vez, en Sevilla capital se encuentran tres de los cuatro barrios más pobres de España (Polígono Sur, Los Pajaritos-Amate y Torreblanca).
En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca ocupa el tercer lugar ; Lebrija el puesto 13; Coria del Río el 14; Écija el 32; San Juan de Aznalfarache el 44; y Utrera el 48.
En cuanto a los pueblos con menor renta media por habitante/año, encontramos El Palmar de Troya, Pruna, El Cuervo, Badolatosa, Martín de la Jara y Burguillos.
Estrategias de lucha contra la pobreza
Las crisis económicas sucesivas generan un fuerte impacto en las situaciones de pobreza y exclusión social, que no permite afianzar los procesos encaminados a la integración social. Nos enfrentamos a procesos de exclusión social más amplios y más intensos, con más acumulación de problemáticas diversas en los hogares, y más prolongados, con riesgo de cronificación en el tiempo de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en salud, vivienda o protección social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones. En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían.
A pesar de estas medidas, conviene recordar que el conjunto de las prestaciones de protección social -especialmente aquellas dirigidas a la población en exclusión- son de baja extensión (llegan a mucha menos gente de la que lo necesita) y de baja intensidad protectora (son claramente insuficientes en sus cuantías). En este sentido, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de Estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos.