Cáritas Diocesana

 

MEMORIA 2022

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

La exclusión social en la archidiócesis de Sevilla

 

Después de dos crisis profundas, la financiera de 2008-2014 y la de la Covid-19, que aumentaron la desigualdad, la pobreza monetaria y el riesgo de exclusión social en amplios sectores de la población de nuestro país, asistimos a una tercera crisis, de naturaleza energética, agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esto ha dado lugar a un aumento generalizado de los precios, especialmente de algunos productos básicos para la vida diaria, como la energía, la alimentación o la vivienda, que incrementa las situaciones de pobreza de los hogares más vulnerables.
 
Desde hace varios meses, los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera, la inflación desborda las capacidades de las familias con menos ingresos. En Andalucía, la inflación en tasas interanuales calculadas hasta febrero de 2023, ha registrado un crecimiento de los precios que no se había visto desde hace 40 años. Especialmente significativa es la subida de los precios de los alimentos, con un 17,8%, lo cual tiene un impacto considerable en los hogares más vulnerables, que llegan exhaustos a esta nueva crisis. 

En relación a la cuestión anterior, en la encuesta de Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (FOESSA, 2022), se establece que el 31,5% de los hogares en España, no cuenta con la cuantía económica necesaria para satisfacer sus necesidades básicas y disponer de unas condiciones de vida mínimas y aceptables. En esta situación se encuentran sobre todo los hogares que viven en alquiler, con presencia de niños y niñas en el hogar y en edad de escolarización y/o estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar.

 

Aumento de la pobreza y la exclusión social

En relación a la situación de la pobreza y exclusión social en Andalucía, según datos del INE del año 2021, 3,27 millones de andaluces están en riesgo de exclusión. Esto representa el 38,7% de la población, aumentando 3,3 punto con respecto a 2020. Los datos más relevantes son:

  • Tasa de pobreza: 32,3%; 10,6 puntos por encima de la media nacional. Hay 2,7 millones de personas en situación de pobreza, 186.000 hombres y 144.000 mujeres más que el año pasado. La tasa de pobreza severa en Andalucía es del 15,9 %, esto supone un incremento de 4,3 puntos con respecto al año anterior, situando a Andalucía como la segunda región con mayor pobreza severa, solo superada por Canarias. Por último, destacar la situación de los menores de 18 años, con una tasa del 43,8 %, cifra que se ha incrementado en 4,9 puntos con respecto al año anterior.
  • Privación material social y severa, afecta a un 10,3% de la población, 873.522 personas: un 18% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; el 54,7% experimenta dificultades para llegar a final de mes y un 42,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
  • Hogares con Baja Intensidad de Empleo: afecta al 18,4% de la población menor de 64 años, lo cual supone un importante crecimiento con respecto a los datos del año pasado. Es la segunda más alta de todas las regiones. En total, son 1.286.158 personas.
Según el Informe FOESSA de Andalucía (2022), se reducen las tasas de integración social y crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, que afectan a más de un millón de personas. Además, Crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, en menor medida, en el eje relacional.
Buenas noticias en relación al empleo
Según el INE, la tasa de paro en Sevilla a finales de 2022 se encontraba en un 16,06%, siendo mayor en mujeres, del 18,07%, que en hombres, del 14,31%.  En total hay 152.100 personas desempleadas, 36.300 menos que hace un año. Además, hay un fuerte incremento de indefinidos: son 87.300 más, hasta 536.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 22,53%, 8,8 puntos menos que a finales de 2021. Por último, destacar que los hogares con todos los activos en paro siguen bajando y pasan de 59.200 a 47.800.
 
El deterioro del sistema de salud

El informe FOESSA de Andalucía destaca que los tres últimos años ha crecido la proporción de hogares y de personas que están afectados por problemas de exclusión social en la dimensión de la salud. En efecto, el 19,6% de los hogares y el 17,4% de la población experimenta situaciones carenciales en la dimensión de la salud en 2021, frente al 14,5% y el 12,6% en 2018, y el 17,2% y 17%, respectivamente, en el conjunto de España. Los problemas más prevalentes en el ámbito de la salud en los hogares en situación de exclusión social son los siguientes: el 48,6% ha dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos o dietas por cuestiones económicas. En el 5,8% se han experimentado, en la actualidad o en el pasado, situaciones de hambre.

Frente a esta situación, Andalucía es la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios de toda España, según el informe de 2023 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que refleja que Andalucía baja tres puestos respecto al año anterior para ocupar el último lugar por primera vez. Esta cuestión se refleja en las encuestas de opinión, donde la ciudadanía manifiesta una alta preocupación con el progresivo deterioro del funcionamiento del sistema sanitario público de Andalucía. La nota de los pacientes ha sido de 5,9 puntos en 2022. En 2019, la nota fue un 7. El bajón de la pérdida de la confianza es notable. Un problema que no acaba de enmendarse después de la pandemia son las demoras en atención primaria. Según la FADSP, el 65% de los pacientes andaluces que piden cita en Atención Primaria han de esperar más de una semana para la consulta, siendo el porcentaje más alto de España. A esta situación se une la creciente tendencia a la privatización, que incluye la apertura a concertar la atención primaria y a que los médicos de la privada realicen actividades en hospitales públicos.

Educación
Con datos de 2021 del INE, la tasa de abandono escolar en Andalucía, es del 17,7%, la mayor de toda España, donde la media es del 13,3%.  Aunque está en descenso desde 2008, cuando llegó a ser del 37,9%. El porcentaje y número de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja en Andalucía es del 11,01%. Otro dato destacado es la población de 18 a 24 años que no ha terminado la educación secundaria (32,5% en Andalucía frente al 26% a nivel nacional). 

El informe FOESSA de Andalucía destaca que la brecha digital es del 36,3% en el caso de los hogares en situación de exclusión moderada y llega hasta el 57,2% en el caso de los hogares en situación de exclusión severa.

 

Vivienda
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años.  La subida del precio de la vivienda (que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler), desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía. Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, por ende, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo, el de las personas sin hogar: Una de cada 5 personas sin hogar reside en Andalucía.
 
El informe FOESSA de Andalucía destaca que crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de la vivienda, que afectan a casi una cuarta parte de la población.
 
¿A quién afecta la exclusión social?
El perfil es de personas de nacionalidad española, mayoritariamente mujeres, con un nivel educativo medio o alto, pues no cualquier empleo protege de la pobreza, afirmando que el desempleo y un bajo nivel educativo cada vez definen menos la pobreza.
 
Los sectores de población más afectados se han mantenido bastante constantes en todo este periodo, pero cada vez se amplían más las diferencias respecto del resto. La incidencia de la exclusión social severa es el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer (26 %), afecta principalmente a la infancia (22 %) y a las personas de menor nivel formativo (la ESO ya no es un nivel educativo suficiente que prevenga de la exclusión). Golpea también especialmente a las personas con problemas de salud mental (20 %) y repercute más en los barrios desfavorecidos (25 %). Pero, sin duda, es el factor étnico el que más discrimina: un 38 % de la población inmigrante de origen extracomunitario está en situación de exclusión social severa y la incidencia en la comunidad gitana es todavía mayor.
 
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, quienes padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza a la que antes se aludía. 

Especialmente preocupante es la situación de soledad no deseada de las personas mayores, en Sevilla los mayores de 70 años alcanzan un total de 22700 personas, siendo las mujeres más del doble que los hombres:16318 mujeres frente a 6382 mujeres. A la soledad y la avanzada edad de la mayoría de estas personas se añade un factor más, el económico. Según el INE, el nivel de ingresos mensuales netos en más de la mitad de estos hogares es de menos de 1.000 euros. Un factor que influye para incrementar las dificultades de estas personas a la hora de afrontar los gastos de vivienda, alimentación, energía y transporte.

 
¿A qué territorios afecta la exclusión social?
Según los Indicadores Urbanos del INE en Andalucía se encuentran 12 de los 15 municipios con menor renta y 11 de los 15 barrios más pobres de España. A su vez en Sevilla capital se encuentran los 3 barrios más pobres (Polígono Sur, los Pajaritos y Amate). 
 
En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca ocupa el tercer lugar a, Lebrija el puesto 13, Coria del Río el puesto 14, a su vez Écija ocupa el 32, San Juan de Aznalfarache el puesto 44 y Utrera el 48. 

En cuanto a los pueblos con menor renta media por habitante/año, de 6747 a 7888 euros encontramos El Palmar de Troya, Pruna, El Cuervo, Badolatosa, Martín de la Jara y Burguillos.

 

Estrategias de lucha contra la pobreza
Las crisis económicas sucesivas generan un fuerte impacto en las situaciones de pobreza y exclusión social, que no permite afianzar los procesos encaminados a la integración social.  Nos enfrentamos a procesos de exclusión social más amplios y más intensos, con más acumulación de problemáticas diversas en los hogares, y más prolongados, con riesgo de cronificación en el tiempo de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 
 
Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación de las políticas públicas en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en salud, vivienda o  protección social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones. En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían. 
 
A pesar de estas medidas, conviene recordar que el conjunto de las prestaciones de protección social, especialmente de aquellas dirigidas a la población en exclusión, son de baja extensión (llegan a mucha menos gente de la que lo necesita) y de baja intensidad protectora (son claramente insuficientes en sus cuantías). En este sentido, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos.

 

MEMORIA 2022
ANÁLISIS SOCIAL

 

La exclusión social en la archidiócesis de Sevilla

 

Después de dos crisis profundas, la financiera de 2008-2014 y la de la Covid-19, que aumentaron la desigualdad, la pobreza monetaria y el riesgo de exclusión social en amplios sectores de la población de nuestro país, asistimos a una tercera crisis, de naturaleza energética, agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esto ha dado lugar a un aumento generalizado de los precios, especialmente de algunos productos básicos para la vida diaria, como la energía, la alimentación o la vivienda, que incrementa las situaciones de pobreza de los hogares más vulnerables.
 
Desde hace varios meses, los recibos están aumentando y cada vez cuesta más llenar la nevera, la inflación desborda las capacidades de las familias con menos ingresos. En Andalucía, la inflación en tasas interanuales calculadas hasta febrero de 2023, ha registrado un crecimiento de los precios que no se había visto desde hace 40 años. Especialmente significativa es la subida de los precios de los alimentos, con un 17,8%, lo cual tiene un impacto considerable en los hogares más vulnerables, que llegan exhaustos a esta nueva crisis. 

En relación a la cuestión anterior, en la encuesta de Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (FOESSA, 2022), se establece que el 31,5% de los hogares en España, no cuenta con la cuantía económica necesaria para satisfacer sus necesidades básicas y disponer de unas condiciones de vida mínimas y aceptables. En esta situación se encuentran sobre todo los hogares que viven en alquiler, con presencia de niños y niñas en el hogar y en edad de escolarización y/o estudiar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar.

 

Aumento de la pobreza y la exclusión social

En relación a la situación de la pobreza y exclusión social en Andalucía, según datos del INE del año 2021, 3,27 millones de andaluces están en riesgo de exclusión. Esto representa el 38,7% de la población, aumentando 3,3 punto con respecto a 2020. Los datos más relevantes son:

  • Tasa de pobreza: 32,3%; 10,6 puntos por encima de la media nacional. Hay 2,7 millones de personas en situación de pobreza, 186.000 hombres y 144.000 mujeres más que el año pasado. La tasa de pobreza severa en Andalucía es del 15,9 %, esto supone un incremento de 4,3 puntos con respecto al año anterior, situando a Andalucía como la segunda región con mayor pobreza severa, solo superada por Canarias. Por último, destacar la situación de los menores de 18 años, con una tasa del 43,8 %, cifra que se ha incrementado en 4,9 puntos con respecto al año anterior.
  • Privación material social y severa, afecta a un 10,3% de la población, 873.522 personas: un 18% no puede permitirse mantener su casa con una temperatura adecuada; el 54,7% experimenta dificultades para llegar a final de mes y un 42,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
  • Hogares con Baja Intensidad de Empleo: afecta al 18,4% de la población menor de 64 años, lo cual supone un importante crecimiento con respecto a los datos del año pasado. Es la segunda más alta de todas las regiones. En total, son 1.286.158 personas.
Según el Informe FOESSA de Andalucía (2022), se reducen las tasas de integración social y crecen con fuerza las situaciones de exclusión severa, que afectan a más de un millón de personas. Además, Crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, en menor medida, en el eje relacional.
Buenas noticias en relación al empleo
Según el INE, la tasa de paro en Sevilla a finales de 2022 se encontraba en un 16,06%, siendo mayor en mujeres, del 18,07%, que en hombres, del 14,31%.  En total hay 152.100 personas desempleadas, 36.300 menos que hace un año. Además, hay un fuerte incremento de indefinidos: son 87.300 más, hasta 536.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 22,53%, 8,8 puntos menos que a finales de 2021. Por último, destacar que los hogares con todos los activos en paro siguen bajando y pasan de 59.200 a 47.800.
 
El deterioro del sistema de salud

El informe FOESSA de Andalucía destaca que los tres últimos años ha crecido la proporción de hogares y de personas que están afectados por problemas de exclusión social en la dimensión de la salud. En efecto, el 19,6% de los hogares y el 17,4% de la población experimenta situaciones carenciales en la dimensión de la salud en 2021, frente al 14,5% y el 12,6% en 2018, y el 17,2% y 17%, respectivamente, en el conjunto de España. Los problemas más prevalentes en el ámbito de la salud en los hogares en situación de exclusión social son los siguientes: el 48,6% ha dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos o dietas por cuestiones económicas. En el 5,8% se han experimentado, en la actualidad o en el pasado, situaciones de hambre.

Frente a esta situación, Andalucía es la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios de toda España, según el informe de 2023 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que refleja que Andalucía baja tres puestos respecto al año anterior para ocupar el último lugar por primera vez. Esta cuestión se refleja en las encuestas de opinión, donde la ciudadanía manifiesta una alta preocupación con el progresivo deterioro del funcionamiento del sistema sanitario público de Andalucía. La nota de los pacientes ha sido de 5,9 puntos en 2022. En 2019, la nota fue un 7. El bajón de la pérdida de la confianza es notable. Un problema que no acaba de enmendarse después de la pandemia son las demoras en atención primaria. Según la FADSP, el 65% de los pacientes andaluces que piden cita en Atención Primaria han de esperar más de una semana para la consulta, siendo el porcentaje más alto de España. A esta situación se une la creciente tendencia a la privatización, que incluye la apertura a concertar la atención primaria y a que los médicos de la privada realicen actividades en hospitales públicos.

Educación
Con datos de 2021 del INE, la tasa de abandono escolar en Andalucía, es del 17,7%, la mayor de toda España, donde la media es del 13,3%.  Aunque está en descenso desde 2008, cuando llegó a ser del 37,9%. El porcentaje y número de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja en Andalucía es del 11,01%. Otro dato destacado es la población de 18 a 24 años que no ha terminado la educación secundaria (32,5% en Andalucía frente al 26% a nivel nacional). 

El informe FOESSA de Andalucía destaca que la brecha digital es del 36,3% en el caso de los hogares en situación de exclusión moderada y llega hasta el 57,2% en el caso de los hogares en situación de exclusión severa.

 

Vivienda
En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años.  La subida del precio de la vivienda (que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler), desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía. Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, por ende, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo, el de las personas sin hogar: Una de cada 5 personas sin hogar reside en Andalucía.
 
El informe FOESSA de Andalucía destaca que crece el porcentaje de población con problemas en la dimensión de la vivienda, que afectan a casi una cuarta parte de la población.
 
¿A quién afecta la exclusión social?
El perfil es de personas de nacionalidad española, mayoritariamente mujeres, con un nivel educativo medio o alto, pues no cualquier empleo protege de la pobreza, afirmando que el desempleo y un bajo nivel educativo cada vez definen menos la pobreza.
 
Los sectores de población más afectados se han mantenido bastante constantes en todo este periodo, pero cada vez se amplían más las diferencias respecto del resto. La incidencia de la exclusión social severa es el doble en los hogares cuya sustentadora principal es una mujer (26 %), afecta principalmente a la infancia (22 %) y a las personas de menor nivel formativo (la ESO ya no es un nivel educativo suficiente que prevenga de la exclusión). Golpea también especialmente a las personas con problemas de salud mental (20 %) y repercute más en los barrios desfavorecidos (25 %). Pero, sin duda, es el factor étnico el que más discrimina: un 38 % de la población inmigrante de origen extracomunitario está en situación de exclusión social severa y la incidencia en la comunidad gitana es todavía mayor.
 
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, quienes padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza a la que antes se aludía. 

Especialmente preocupante es la situación de soledad no deseada de las personas mayores, en Sevilla los mayores de 70 años alcanzan un total de 22700 personas, siendo las mujeres más del doble que los hombres:16318 mujeres frente a 6382 mujeres. A la soledad y la avanzada edad de la mayoría de estas personas se añade un factor más, el económico. Según el INE, el nivel de ingresos mensuales netos en más de la mitad de estos hogares es de menos de 1.000 euros. Un factor que influye para incrementar las dificultades de estas personas a la hora de afrontar los gastos de vivienda, alimentación, energía y transporte.

 
¿A qué territorios afecta la exclusión social?
Según los Indicadores Urbanos del INE en Andalucía se encuentran 12 de los 15 municipios con menor renta y 11 de los 15 barrios más pobres de España. A su vez en Sevilla capital se encuentran los 3 barrios más pobres (Polígono Sur, los Pajaritos y Amate). 
 
En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca ocupa el tercer lugar a, Lebrija el puesto 13, Coria del Río el puesto 14, a su vez Écija ocupa el 32, San Juan de Aznalfarache el puesto 44 y Utrera el 48. 

En cuanto a los pueblos con menor renta media por habitante/año, de 6747 a 7888 euros encontramos El Palmar de Troya, Pruna, El Cuervo, Badolatosa, Martín de la Jara y Burguillos.

 

Estrategias de lucha contra la pobreza
Las crisis económicas sucesivas generan un fuerte impacto en las situaciones de pobreza y exclusión social, que no permite afianzar los procesos encaminados a la integración social.  Nos enfrentamos a procesos de exclusión social más amplios y más intensos, con más acumulación de problemáticas diversas en los hogares, y más prolongados, con riesgo de cronificación en el tiempo de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 
 
Frente a esta situación, el esfuerzo de respuesta desde las políticas públicas ha sido notablemente mayor que en la crisis anterior, con un proceso de refuerzo y transformación de las políticas públicas en marcha, que no siempre ha podido seguir el ritmo que las necesidades sociales requerían. En unos casos se han introducido medidas provisionales (en salud, vivienda o  protección social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones. En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían. 
 
A pesar de estas medidas, conviene recordar que el conjunto de las prestaciones de protección social, especialmente de aquellas dirigidas a la población en exclusión, son de baja extensión (llegan a mucha menos gente de la que lo necesita) y de baja intensidad protectora (son claramente insuficientes en sus cuantías). En este sentido, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos.

 

 

 

 


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