MEMORIA 2021
Retos y propuestas
Retos ante un momento difícil
El crecimiento de la exclusión social generado durante la pandemia no presagia que los factores causantes del aumento de la vulnerabilidad vayan a desaparecer en los próximos años. El deterioro económico y sus efectos sociales más nocivos van a persistir, e incluso aumentar, en una coyuntura internacional más que compleja, en una situación nacional de alta incertidumbre y en un contexto socioeconómico andaluz y sevillano que adolecen de fragilidad, dispersión y raquitismo. Sus repercusiones van a ser especialmente graves en el empleo, en la vivienda y su equipamiento, en la salud e incluso en la educación y en algunas necesidades materiales primarias, hiriendo a los más débiles: a los carentes de ingresos, a hogares con todos sus miembros desempleados, a familias desestructuradas y monoparentales, especialmente las sustentados por mujeres, a migrantes y refugiados, a ancianos dependientes, a personas sin hogar o descartados por cualquier motivo de una vida social digna.
Ayuda, promoción y transformación
Ante esta situación, la actuación de Cáritas en la archidiócesis ha de redoblar sus esfuerzos en una triple dimensión:
1. Cáritas ha de seguir prestando cuidada y personalizada atención a las personas y familias privadas de los recursos más básicos, detectando sus necesidades, escuchando sus expectativas, acompañando sus esfuerzos por encontrar los medios adecuados para vivir, por tratarse de derechos exigibles. Los equipos de las Cáritas parroquiales, apoyados por el Departamento de Acompañamiento a los Territorios de Cáritas Diocesana, son los responsables de impulsar cotidianamente esta tarea en el seno de las comunidades cristianas.
2. Además, el trabajo debe dirigirse a la promoción de las personas desde una dimensión transformadora actuando sobre los factores estructurales determinantes de la exclusión social. El instrumento fundamental con el que contamos para esta tarea es la construcción de un tejido comunitario, superador de la cultura imperante, individualista y desarticuladora de los valores de fraternidad, tanto en el interior de las comunidades eclesiales, como en los espacios sociales en que estas se desenvuelven. Para ello es necesario empeñarse en la construcción de un pensamiento crítico y transformador y en una actitud permanente de compromiso radical por eliminar la pobreza con un constante acompañamiento a quienes la sufren.
3. Frente a los graves problemas descritos en el análisis, hay que redoblar la exigencia de soluciones innovadoras viables y eficaces. Hay que seguir apostando por procesos de formación, orientación e intermediación que faciliten la inserción sociolaboral de las personas excluidas del mercado de trabajo, colaborar con las empresas en la promoción del trabajo decente y estable y promover instrumentos de economía social para la búsqueda de condiciones económicas no excluyentes. Pero hay que incidir también en la exigencia del reconocimiento real del derecho constitucional a la vivienda, reclamando condiciones habitacionales dignas y seguras para los colectivos necesitados y vulnerables, y soluciones en la línea de la promoción de las viviendas sociales, la facilitación del alquiler, el fortalecimiento de la asociación en favor de la cooperación vecinal o la protección jurídica.
En este sentido, resultan especialmente necesarios proyectos concretos y audaces en aquellos territorios en los que se concentran los mayores índices de exclusión social y las más graves carencias habitacionales: alquileres, hipotecas, desahucios, falta de suministros básicos, impago de energía, hacinamientos, deficiencias arquitectónicas estructurales, deterioro urbanístico, falta de espacios verdes y sociales... Y también es particularmente urgente el acceso gratuito de todas las personas, cualquiera que sea su situación jurídica y social, a todos los recursos sanitarios, incluso a aquellos que hoy están limitados a la retribución privada, singularmente los referidos a la salud mental y a las necesidades y cuidados de las personas dependientes y socialmente aisladas.
Propuesta de medidas urgentes
Estos dos años de pandemia han puesto en tela de juicio la organización económica, política y cultural de la sociedad actual: sus cimientos estructurales han mostrado la ineficacia del sistema para resolver la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas y la debilidad de un modelo político eficaz, dada su tardanza o falta de respuesta a las necesidades.
Por ello, en esta coyuntura de especial gravedad resulta imprescindible la denuncia de las injustas situaciones de exclusión descritas, la interpelación a los responsables políticos de las mismas y la exigencia de medidas urgentes que coloquen a las personas y a las familias más vulnerables en el centro de las políticas sociales, primando el rigor y la eficacia sobre la propaganda.
En esta línea Cáritas Diocesana, en consonancia con lo expresado por la Confederación de Cáritas Española, propone a las administraciones públicas de los niveles nacional, autonómico y local:
- El mantenimiento estable de las medidas provisionales relativas a la mejora de la salud, la vivienda, el empleo o la protección social.
- La implementación de medidas que reduzcan la precariedad de los empleos no cualificados que afectan singularmente a los sectores excluidos y la complementación retributiva a los salarios escasos con prestaciones o deducciones fiscales.
- La garantía de un sistema de salud pública de calidad, de atención a la dependencia y a la salud mental, de modo que los recursos sanitarios lleguen a todas las personas y en todas sus necesidades.
- La puesta en marcha de políticas eficaces frente a la exclusión residencial para el acceso y mantenimiento estable de la vivienda digna y segura.
- La adopción de políticas públicas de recursos para la superación de la brecha educativa provocada por las carencias en la digitalización y el mantenimiento de puertas no digitales a los servicios públicos evitando la exclusión de quienes quedaron fuera de los medios digitales.
- La mejora urgente de la cobertura y tramitación fluida del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínina de Inserción Social de Andalucía, de manera que alcancen a todas las personas que los necesiten y sean eficaces para sus necesidades básicas.
- Finalmente, el impulso de un modelo de estado de bienestar adaptado a la realidad actual, que reconozca y ejecute los imprescriptibles derechos de todas las personas a la inclusión social y se oriente hacia la conquista del auténtico bien común
Estas exigencias vienen avaladas por la constatación de que la mayoría de las familias y personas que sufren condiciones de pobreza, privaciones o exclusión social se levantan cada mañana con la esperanza, iniciativa y esfuerzo necesarios para salir de su situación y recorrer el difícil camino que los separa de la integración, en la búsqueda de trabajo, en el estudio, en la participación en programas formativos de servicios sociales públicos y privados, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador de las prestaciones sociales. Los miles de personas y familias sevillanas que engrosan las filas de la exclusión social son incapaces de superar con recursos propios sus difíciles condiciones de vida generadas por un sistema socioeconómico caracterizado por la injusticia y la desigualdad. Necesitan ineludiblemente de políticas públicas dirigidas a la transformación estructural de tales condiciones y a la solidaridad efectiva de todo el conjunto social.
MEMORIA 2021
RETOS Y PROPUESTAS
Retos ante un momento difícil
El crecimiento de la exclusión social generado durante la pandemia no presagia que los factores causantes del aumento de la vulnerabilidad vayan a desaparecer en los próximos años. El deterioro económico y sus efectos sociales más nocivos van a persistir, e incluso aumentar, en una coyuntura internacional más que compleja, en una situación nacional de alta incertidumbre y en un contexto socioeconómico andaluz y sevillano que adolecen de fragilidad, dispersión y raquitismo. Sus repercusiones van a ser especialmente graves en el empleo, en la vivienda y su equipamiento, en la salud e incluso en la educación y en algunas necesidades materiales primarias, hiriendo a los más débiles: a los carentes de ingresos, a hogares con todos sus miembros desempleados, a familias desestructuradas y monoparentales, especialmente las sustentados por mujeres, a migrantes y refugiados, a ancianos dependientes, a personas sin hogar o descartados por cualquier motivo de una vida social digna.
Ayuda, promoción y transformación
Ante esta situación, la actuación de Cáritas en la archidiócesis ha de redoblar sus esfuerzos en una triple dimensión:
1. Cáritas ha de seguir prestando cuidada y personalizada atención a las personas y familias privadas de los recursos más básicos, detectando sus necesidades, escuchando sus expectativas, acompañando sus esfuerzos por encontrar los medios adecuados para vivir, por tratarse de derechos exigibles. Los equipos de las Cáritas parroquiales, apoyados por el Departamento de Acompañamiento a los Territorios de Cáritas Diocesana, son los responsables de impulsar cotidianamente esta tarea en el seno de las comunidades cristianas.
2. Además, el trabajo debe dirigirse a la promoción de las personas desde una dimensión transformadora actuando sobre los factores estructurales determinantes de la exclusión social. El instrumento fundamental con el que contamos para esta tarea es la construcción de un tejido comunitario, superador de la cultura imperante, individualista y desarticuladora de los valores de fraternidad, tanto en el interior de las comunidades eclesiales, como en los espacios sociales en que estas se desenvuelven. Para ello es necesario empeñarse en la construcción de un pensamiento crítico y transformador y en una actitud permanente de compromiso radical por eliminar la pobreza con un constante acompañamiento a quienes la sufren.
3. Frente a los graves problemas descritos en el análisis, hay que redoblar la exigencia de soluciones innovadoras viables y eficaces. Hay que seguir apostando por procesos de formación, orientación e intermediación que faciliten la inserción sociolaboral de las personas excluidas del mercado de trabajo, colaborar con las empresas en la promoción del trabajo decente y estable y promover instrumentos de economía social para la búsqueda de condiciones económicas no excluyentes. Pero hay que incidir también en la exigencia del reconocimiento real del derecho constitucional a la vivienda, reclamando condiciones habitacionales dignas y seguras para los colectivos necesitados y vulnerables, y soluciones en la línea de la promoción de las viviendas sociales, la facilitación del alquiler, el fortalecimiento de la asociación en favor de la cooperación vecinal o la protección jurídica.
En este sentido, resultan especialmente necesarios proyectos concretos y audaces en aquellos territorios en los que se concentran los mayores índices de exclusión social y las más graves carencias habitacionales: alquileres, hipotecas, desahucios, falta de suministros básicos, impago de energía, hacinamientos, deficiencias arquitectónicas estructurales, deterioro urbanístico, falta de espacios verdes y sociales... Y también es particularmente urgente el acceso gratuito de todas las personas, cualquiera que sea su situación jurídica y social, a todos los recursos sanitarios, incluso a aquellos que hoy están limitados a la retribución privada, singularmente los referidos a la salud mental y a las necesidades y cuidados de las personas dependientes y socialmente aisladas.
Propuesta de medidas urgentes
Estos dos años de pandemia han puesto en tela de juicio la organización económica, política y cultural de la sociedad actual: sus cimientos estructurales han mostrado la ineficacia del sistema para resolver la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas y la debilidad de un modelo político eficaz, dada su tardanza o falta de respuesta a las necesidades.
Por ello, en esta coyuntura de especial gravedad resulta imprescindible la denuncia de las injustas situaciones de exclusión descritas, la interpelación a los responsables políticos de las mismas y la exigencia de medidas urgentes que coloquen a las personas y a las familias más vulnerables en el centro de las políticas sociales, primando el rigor y la eficacia sobre la propaganda.
En esta línea Cáritas Diocesana, en consonancia con lo expresado por la Confederación de Cáritas Española, propone a las administraciones públicas de los niveles nacional, autonómico y local:
- El mantenimiento estable de las medidas provisionales relativas a la mejora de la salud, la vivienda, el empleo o la protección social.
- La implementación de medidas que reduzcan la precariedad de los empleos no cualificados que afectan singularmente a los sectores excluidos y la complementación retributiva a los salarios escasos con prestaciones o deducciones fiscales.
- La garantía de un sistema de salud pública de calidad, de atención a la dependencia y a la salud mental, de modo que los recursos sanitarios lleguen a todas las personas y en todas sus necesidades.
- La puesta en marcha de políticas eficaces frente a la exclusión residencial para el acceso y mantenimiento estable de la vivienda digna y segura.
- La adopción de políticas públicas de recursos para la superación de la brecha educativa provocada por las carencias en la digitalización y el mantenimiento de puertas no digitales a los servicios públicos evitando la exclusión de quienes quedaron fuera de los medios digitales.
- La mejora urgente de la cobertura y tramitación fluida del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínina de Inserción Social de Andalucía, de manera que alcancen a todas las personas que los necesiten y sean eficaces para sus necesidades básicas.
- Finalmente, el impulso de un modelo de estado de bienestar adaptado a la realidad actual, que reconozca y ejecute los imprescriptibles derechos de todas las personas a la inclusión social y se oriente hacia la conquista del auténtico bien común
Estas exigencias vienen avaladas por la constatación de que la mayoría de las familias y personas que sufren condiciones de pobreza, privaciones o exclusión social se levantan cada mañana con la esperanza, iniciativa y esfuerzo necesarios para salir de su situación y recorrer el difícil camino que los separa de la integración, en la búsqueda de trabajo, en el estudio, en la participación en programas formativos de servicios sociales públicos y privados, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador de las prestaciones sociales. Los miles de personas y familias sevillanas que engrosan las filas de la exclusión social son incapaces de superar con recursos propios sus difíciles condiciones de vida generadas por un sistema socioeconómico caracterizado por la injusticia y la desigualdad. Necesitan ineludiblemente de políticas públicas dirigidas a la transformación estructural de tales condiciones y a la solidaridad efectiva de todo el conjunto social.
MEMORIA 2021
Retos y propuestas
Retos ante un momento difícil
El crecimiento de la exclusión social generado durante la pandemia no presagia que los factores causantes del aumento de la vulnerabilidad vayan a desaparecer en los próximos años. El deterioro económico y sus efectos sociales más nocivos van a persistir, e incluso aumentar, en una coyuntura internacional más que compleja, en una situación nacional de alta incertidumbre y en un contexto socioeconómico andaluz y sevillano que adolecen de fragilidad, dispersión y raquitismo. Sus repercusiones van a ser especialmente graves en el empleo, en la vivienda y su equipamiento, en la salud e incluso en la educación y en algunas necesidades materiales primarias, hiriendo a los más débiles: a los carentes de ingresos, a hogares con todos sus miembros desempleados, a familias desestructuradas y monoparentales, especialmente las sustentados por mujeres, a migrantes y refugiados, a ancianos dependientes, a personas sin hogar o descartados por cualquier motivo de una vida social digna.
Ayuda, promoción y transformación
Ante esta situación, la actuación de Cáritas en la archidiócesis ha de redoblar sus esfuerzos en una triple dimensión:
1. Cáritas ha de seguir prestando cuidada y personalizada atención a las personas y familias privadas de los recursos más básicos, detectando sus necesidades, escuchando sus expectativas, acompañando sus esfuerzos por encontrar los medios adecuados para vivir, por tratarse de derechos exigibles. Los equipos de las Cáritas parroquiales, apoyados por el Departamento de Acompañamiento a los Territorios de Cáritas Diocesana, son los responsables de impulsar cotidianamente esta tarea en el seno de las comunidades cristianas.
2. Además, el trabajo debe dirigirse a la promoción de las personas desde una dimensión transformadora actuando sobre los factores estructurales determinantes de la exclusión social. El instrumento fundamental con el que contamos para esta tarea es la construcción de un tejido comunitario, superador de la cultura imperante, individualista y desarticuladora de los valores de fraternidad, tanto en el interior de las comunidades eclesiales, como en los espacios sociales en que estas se desenvuelven. Para ello es necesario empeñarse en la construcción de un pensamiento crítico y transformador y en una actitud permanente de compromiso radical por eliminar la pobreza con un constante acompañamiento a quienes la sufren.
3. Frente a los graves problemas descritos en el análisis, hay que redoblar la exigencia de soluciones innovadoras viables y eficaces. Hay que seguir apostando por procesos de formación, orientación e intermediación que faciliten la inserción sociolaboral de las personas excluidas del mercado de trabajo, colaborar con las empresas en la promoción del trabajo decente y estable y promover instrumentos de economía social para la búsqueda de condiciones económicas no excluyentes. Pero hay que incidir también en la exigencia del reconocimiento real del derecho constitucional a la vivienda, reclamando condiciones habitacionales dignas y seguras para los colectivos necesitados y vulnerables, y soluciones en la línea de la promoción de las viviendas sociales, la facilitación del alquiler, el fortalecimiento de la asociación en favor de la cooperación vecinal o la protección jurídica.
En este sentido, resultan especialmente necesarios proyectos concretos y audaces en aquellos territorios en los que se concentran los mayores índices de exclusión social y las más graves carencias habitacionales: alquileres, hipotecas, desahucios, falta de suministros básicos, impago de energía, hacinamientos, deficiencias arquitectónicas estructurales, deterioro urbanístico, falta de espacios verdes y sociales... Y también es particularmente urgente el acceso gratuito de todas las personas, cualquiera que sea su situación jurídica y social, a todos los recursos sanitarios, incluso a aquellos que hoy están limitados a la retribución privada, singularmente los referidos a la salud mental y a las necesidades y cuidados de las personas dependientes y socialmente aisladas.
Propuesta de medidas urgentes
Estos dos años de pandemia han puesto en tela de juicio la organización económica, política y cultural de la sociedad actual: sus cimientos estructurales han mostrado la ineficacia del sistema para resolver la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas y la debilidad de un modelo político eficaz, dada su tardanza o falta de respuesta a las necesidades.
Por ello, en esta coyuntura de especial gravedad resulta imprescindible la denuncia de las injustas situaciones de exclusión descritas, la interpelación a los responsables políticos de las mismas y la exigencia de medidas urgentes que coloquen a las personas y a las familias más vulnerables en el centro de las políticas sociales, primando el rigor y la eficacia sobre la propaganda.
En esta línea Cáritas Diocesana, en consonancia con lo expresado por la Confederación de Cáritas Española, propone a las administraciones públicas de los niveles nacional, autonómico y local:
- El mantenimiento estable de las medidas provisionales relativas a la mejora de la salud, la vivienda, el empleo o la protección social.
- La implementación de medidas que reduzcan la precariedad de los empleos no cualificados que afectan singularmente a los sectores excluidos y la complementación retributiva a los salarios escasos con prestaciones o deducciones fiscales.
- La garantía de un sistema de salud pública de calidad, de atención a la dependencia y a la salud mental, de modo que los recursos sanitarios lleguen a todas las personas y en todas sus necesidades.
- La puesta en marcha de políticas eficaces frente a la exclusión residencial para el acceso y mantenimiento estable de la vivienda digna y segura.
- La adopción de políticas públicas de recursos para la superación de la brecha educativa provocada por las carencias en la digitalización y el mantenimiento de puertas no digitales a los servicios públicos evitando la exclusión de quienes quedaron fuera de los medios digitales.
- La mejora urgente de la cobertura y tramitación fluida del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínina de Inserción Social de Andalucía, de manera que alcancen a todas las personas que los necesiten y sean eficaces para sus necesidades básicas.
- Finalmente, el impulso de un modelo de estado de bienestar adaptado a la realidad actual, que reconozca y ejecute los imprescriptibles derechos de todas las personas a la inclusión social y se oriente hacia la conquista del auténtico bien común
Estas exigencias vienen avaladas por la constatación de que la mayoría de las familias y personas que sufren condiciones de pobreza, privaciones o exclusión social se levantan cada mañana con la esperanza, iniciativa y esfuerzo necesarios para salir de su situación y recorrer el difícil camino que los separa de la integración, en la búsqueda de trabajo, en el estudio, en la participación en programas formativos de servicios sociales públicos y privados, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador de las prestaciones sociales. Los miles de personas y familias sevillanas que engrosan las filas de la exclusión social son incapaces de superar con recursos propios sus difíciles condiciones de vida generadas por un sistema socioeconómico caracterizado por la injusticia y la desigualdad. Necesitan ineludiblemente de políticas públicas dirigidas a la transformación estructural de tales condiciones y a la solidaridad efectiva de todo el conjunto social.
MEMORIA 2021
RETOS Y PROPUESTAS
Retos ante un momento difícil
El crecimiento de la exclusión social generado durante la pandemia no presagia que los factores causantes del aumento de la vulnerabilidad vayan a desaparecer en los próximos años. El deterioro económico y sus efectos sociales más nocivos van a persistir, e incluso aumentar, en una coyuntura internacional más que compleja, en una situación nacional de alta incertidumbre y en un contexto socioeconómico andaluz y sevillano que adolecen de fragilidad, dispersión y raquitismo. Sus repercusiones van a ser especialmente graves en el empleo, en la vivienda y su equipamiento, en la salud e incluso en la educación y en algunas necesidades materiales primarias, hiriendo a los más débiles: a los carentes de ingresos, a hogares con todos sus miembros desempleados, a familias desestructuradas y monoparentales, especialmente las sustentados por mujeres, a migrantes y refugiados, a ancianos dependientes, a personas sin hogar o descartados por cualquier motivo de una vida social digna.
Ayuda, promoción y transformación
Ante esta situación, la actuación de Cáritas en la archidiócesis ha de redoblar sus esfuerzos en una triple dimensión:
1. Cáritas ha de seguir prestando cuidada y personalizada atención a las personas y familias privadas de los recursos más básicos, detectando sus necesidades, escuchando sus expectativas, acompañando sus esfuerzos por encontrar los medios adecuados para vivir, por tratarse de derechos exigibles. Los equipos de las Cáritas parroquiales, apoyados por el Departamento de Acompañamiento a los Territorios de Cáritas Diocesana, son los responsables de impulsar cotidianamente esta tarea en el seno de las comunidades cristianas.
2. Además, el trabajo debe dirigirse a la promoción de las personas desde una dimensión transformadora actuando sobre los factores estructurales determinantes de la exclusión social. El instrumento fundamental con el que contamos para esta tarea es la construcción de un tejido comunitario, superador de la cultura imperante, individualista y desarticuladora de los valores de fraternidad, tanto en el interior de las comunidades eclesiales, como en los espacios sociales en que estas se desenvuelven. Para ello es necesario empeñarse en la construcción de un pensamiento crítico y transformador y en una actitud permanente de compromiso radical por eliminar la pobreza con un constante acompañamiento a quienes la sufren.
3. Frente a los graves problemas descritos en el análisis, hay que redoblar la exigencia de soluciones innovadoras viables y eficaces. Hay que seguir apostando por procesos de formación, orientación e intermediación que faciliten la inserción sociolaboral de las personas excluidas del mercado de trabajo, colaborar con las empresas en la promoción del trabajo decente y estable y promover instrumentos de economía social para la búsqueda de condiciones económicas no excluyentes. Pero hay que incidir también en la exigencia del reconocimiento real del derecho constitucional a la vivienda, reclamando condiciones habitacionales dignas y seguras para los colectivos necesitados y vulnerables, y soluciones en la línea de la promoción de las viviendas sociales, la facilitación del alquiler, el fortalecimiento de la asociación en favor de la cooperación vecinal o la protección jurídica.
En este sentido, resultan especialmente necesarios proyectos concretos y audaces en aquellos territorios en los que se concentran los mayores índices de exclusión social y las más graves carencias habitacionales: alquileres, hipotecas, desahucios, falta de suministros básicos, impago de energía, hacinamientos, deficiencias arquitectónicas estructurales, deterioro urbanístico, falta de espacios verdes y sociales... Y también es particularmente urgente el acceso gratuito de todas las personas, cualquiera que sea su situación jurídica y social, a todos los recursos sanitarios, incluso a aquellos que hoy están limitados a la retribución privada, singularmente los referidos a la salud mental y a las necesidades y cuidados de las personas dependientes y socialmente aisladas.
Propuesta de medidas urgentes
Estos dos años de pandemia han puesto en tela de juicio la organización económica, política y cultural de la sociedad actual: sus cimientos estructurales han mostrado la ineficacia del sistema para resolver la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas y la debilidad de un modelo político eficaz, dada su tardanza o falta de respuesta a las necesidades.
Por ello, en esta coyuntura de especial gravedad resulta imprescindible la denuncia de las injustas situaciones de exclusión descritas, la interpelación a los responsables políticos de las mismas y la exigencia de medidas urgentes que coloquen a las personas y a las familias más vulnerables en el centro de las políticas sociales, primando el rigor y la eficacia sobre la propaganda.
En esta línea Cáritas Diocesana, en consonancia con lo expresado por la Confederación de Cáritas Española, propone a las administraciones públicas de los niveles nacional, autonómico y local:
- El mantenimiento estable de las medidas provisionales relativas a la mejora de la salud, la vivienda, el empleo o la protección social.
- La implementación de medidas que reduzcan la precariedad de los empleos no cualificados que afectan singularmente a los sectores excluidos y la complementación retributiva a los salarios escasos con prestaciones o deducciones fiscales.
- La garantía de un sistema de salud pública de calidad, de atención a la dependencia y a la salud mental, de modo que los recursos sanitarios lleguen a todas las personas y en todas sus necesidades.
- La puesta en marcha de políticas eficaces frente a la exclusión residencial para el acceso y mantenimiento estable de la vivienda digna y segura.
- La adopción de políticas públicas de recursos para la superación de la brecha educativa provocada por las carencias en la digitalización y el mantenimiento de puertas no digitales a los servicios públicos evitando la exclusión de quienes quedaron fuera de los medios digitales.
- La mejora urgente de la cobertura y tramitación fluida del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínina de Inserción Social de Andalucía, de manera que alcancen a todas las personas que los necesiten y sean eficaces para sus necesidades básicas.
- Finalmente, el impulso de un modelo de estado de bienestar adaptado a la realidad actual, que reconozca y ejecute los imprescriptibles derechos de todas las personas a la inclusión social y se oriente hacia la conquista del auténtico bien común
Estas exigencias vienen avaladas por la constatación de que la mayoría de las familias y personas que sufren condiciones de pobreza, privaciones o exclusión social se levantan cada mañana con la esperanza, iniciativa y esfuerzo necesarios para salir de su situación y recorrer el difícil camino que los separa de la integración, en la búsqueda de trabajo, en el estudio, en la participación en programas formativos de servicios sociales públicos y privados, demostrando así la falsedad del supuesto efecto desincentivador de las prestaciones sociales. Los miles de personas y familias sevillanas que engrosan las filas de la exclusión social son incapaces de superar con recursos propios sus difíciles condiciones de vida generadas por un sistema socioeconómico caracterizado por la injusticia y la desigualdad. Necesitan ineludiblemente de políticas públicas dirigidas a la transformación estructural de tales condiciones y a la solidaridad efectiva de todo el conjunto social.