MEMORIA 2019

VISIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

Análisis de la situación

VISIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

Análisis de la situación
Informe sobre desarrollo y exclusión social en España

 

El Informe sobre desarrollo y exclusión social en España (FOESSA, 2019) ofrece una descripción -detallada y extensa en datos- de la situación de las personas y los hogares en situación de exclusión en la comunidad andaluza. De ellos podemos destacar las siguientes conclusiones:

  • Los datos globales avalan que, en Andalucía, el espacio de la integración social ha evolucionado positivamente respecto al periodo de crisis del decenio anterior, pero la recuperación ha deparado un crecimiento económico caracterizado por un modelo más frágil y precario, en el que la exclusión social no ha conseguido reducirse a los niveles previos a la crisis.
  • Persisten las elevadas tasas de desempleo elevadas y los reducidos niveles de renta por habitante. Es notable la pobreza monetaria; amplia la desigualdad de renta; y el gasto social es sensiblemente inferior a la media española.
  • El informe revela una sociedad polarizada: aunque crece el porcentaje de población en situación de integración plena, las tasas globales de exclusión son superiores a las de España y apenas se reducen; y gana peso la exclusión severa.
  • La exclusión social en Andalucía está fundamentalmente motivada por factores económicos, más que políticos o sociales. El desempleo y el trabajo precario suponen la causa más importante de la exclusión social. Las carencias referidas a la vivienda y a la salud son también dimensiones que, en gran medida, generan situaciones de exclusión.
  • El riesgo de exclusión social es más elevado entre los hogares sustentados por personas jóvenes, mujeres, inmigrantes y personas desempleadas, así como entre los hogares compuestos por familias numerosas o monoparentales. El perfil mayoritario de la exclusión en Andalucía está constituido por hogares pobres, sustentados por personas desempleadas, de mediana edad y de nacionalidad española. Aunque existe una gran variedad de perfiles, un hogar en situación de exclusión suele estar sustentado por un hombre, español, de 45 a 64 años, con hijos a su cargo, bajo nivel de estudios y en búsqueda activa de empleo.
  • El Informe pone también de manifiesto que las tasas de exclusión aumentan en las ciudades de más de cien mil habitantes y predominan en los barrios degradados y marginales, en los que más de dos tercios de sus hogares viven en exclusión moderada o severa.
  • El 18,6% de los andaluces -alrededor de 1.500.000 personas- se encuentra en situación de exclusión social. Se trata de un sector de la población que sufre algunas carencias relacionadas con la vivienda, la salud, el empleo, o ha agotado la red de apoyo que les permitía un nivel de subsistencia mínimo. Dentro de este segmento de población, cerca de 760.000 personas viven la exclusión de forma severa. De ellas, más de 300.000 acumulan tantos problemas que se podrían considerar descartadas por la sociedad.
  • El Informe FOESSA muestra cómo la pobreza se hereda y afecta especialmente a las mujeres, debido a una mayor dificultad en el acceso a la vivienda o a la brecha de ingresos en el empleo o las prestaciones.

 

Pobreza y exclusión en Sevilla

 

Entre los datos más relevantes de 2019 en la provincia de Sevilla, destacamos los siguientes:

  • Altas tasas de desempleo y profundización en un modelo laboral basado en la precariedad. Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2019 existían 195.900 desempleados en la provincia de Sevilla. La tasa de desempleo alcanza el 20,74%: un 19,53% en hombres y un 22,12% en mujeres. A estos datos, es necesario añadir que ,según el Informe FOESSA, el 12% de las personas que trabajan se encuentran bajo el umbral de la pobreza; y el 10% convive en hogares donde todas las personas activas sufren el desempleo.
  • Crecimiento de los desahucios en Sevilla por cuarto año consecutivo. Según el Decanato de los Juzgados de Sevilla, en 2019 se contabilizaron un total de 2.329 procedimientos de desahucio en el partido judicial, lo que representa un incremento del 13,99% con respecto a 2018. Se trata de 326 casos más que el año anterior, casi uno más al día.
  • Limitaciones económicas con incidencia en la salud, las cuales dificultan el acceso a los recursos sanitarios básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública. El 7% de la población ha dejado de comprar medicinas y de seguir tratamientos o dietas (Informe FOESSA Andalucía).
  • Según AIS Group, las tasas de pobreza infantil en menores de 14 años se elevan al 38,6%. Se trata de una infancia que vive en unas circunstancias económicas y sociales que pueden llevarles a sufrir la exclusión social.
  • Según el INE, en la ciudad de Sevilla se encuentran tres de los cinco barrios con una menor renta neta media anual por persona de España. El Polígono Sur es el primero, con 4.791 euros. Tres Barrios-Amate ocupa el segundo lugar de España, con 5.398 euros, subiendo una posición respecto del estudio de 2015. Torreblanca, con 5.604 euros, ocupaba el cuarto lugar. Además, entre los 15 primeros, figuran: en décimo lugar, Palmete-Padre Pío; y en el duodécimo, La Oliva-Las Letanías.
  • Según el IECA, el aumento patente de la despoblación rural entre 2008 y 2018 en los pueblos de la Sierra Norte y en la Sierra Sur de Sevilla. A este fenómeno se ha unido el envejecimiento de la población, cuya edad media en siete municipios supera los 45 años.
  • Entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, El Cuervo, La Campana, Badolatosa, Almadén de la Plata, Marinaleda, La Lantejuela​, Alcolea del Río, Villamanrique de la Condesa, San Nicolás del Puerto y Pruna sitúan su renta neta media anual por persona en el tramo 2929 a 3370 euros.
  • Entre los municipios españoles con más de 20.000 habitantes, Los Palacios, con 6.550 euros, ocupa el segundo lugar entre los de menor renta neta media anual por persona; Lebrija ocupa el puesto decimotercero, con 7.165 euros; Coria del Río, con 7.433 euros, el puesto vigesimoprimero; Écija, con 7.717 euros, el trigésimo tercero; San Juan de Aznalfarache, con 7.837 euros, el cuadragésimo quinto; y Utrera, con 7.870 euros, el cuadragésimo sexto. 

 

 

Propuestas para una sociedad más participativa, más justa y más inclusiva

Propuestas para una sociedad más participativa, más justa y más inclusiva

 

La dignidad de cada persona, los derechos que -en todo momento y en todo lugar- le son inherentes, la fraternidad y el bien común son los principios fundamentales que constituyen la base de nuestras propuestas.

 

Pobreza y exclusión

 

Ante las altas tasas de exclusión social (760.000 personas en situación de exclusión severa), demandamos la aprobación de un Plan por la Inclusión social en Andalucía que permita reducir significativamente los porcentajes de personas en riesgo o situación de exclusión social, hasta la erradicación y la transmisión intergeneracional de la pobreza.

 

Renta mínima de inserción

 

Demandamos que la renta mínima de inserción -para todas las personas que la necesiten y durante el tiempo que la necesiten- sea un derecho real y efectivo.

Las administraciones han de garantizar los recursos presupuestarios suficientes para una instrucción y gestión simplificada, rápida y eficiente de los expedientes; la dotación de una cuantía que responda al coste de vida real en nuestra comunidad; y el establecimiento de planes de inserción sociolaboral adecuadamente tutelados para la consecución de medios de vida dignos.

 

Vivienda y exclusión residencial

 

Solicitamos a las administraciones la eficaz garantía del derecho a la vivienda, con el incremento del parque público y social de la misma y precios de alquiler asequibles; la erradicación del chabolismo y de la infravivienda; y una estrategia de eliminación de las situaciones de personas sin hogar, con un diagnóstico adecuado de sus factores y la coordinación de actuaciones de intervención social, públicas y privadas.

 

Empleo y economía social

 

Instamos a los poderes públicos a establecer niveles salariales y empleos que permitan vivir dignamente a los trabajadores y trabajadoras; a fomentar la economía social con medidas de apoyo efectivas para las empresas de inserción; a promover una legislación que ampare la equiparación de derechos y la protección social; y, finalmente, a establecer políticas específicas de inclusión sociolaboral para las personas con mayores dificultades de empleabilidad, con la permanente colaboración de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

 

Salud y educación

 

Consideramos que la salud y la educación son derechos fundamentales de la persona; y denunciamos que, en la actualidad, la carencias que se manifiestan en el ejercicio de los mismas tienen como efecto la exclusión social. Por tanto, demandamos a las administraciones medidas efectivas para corregir las desigualdades en colectivos que, por sus condiciones de morbilidad o exclusión social, precisan mayor atención.

Del mismo modo, exigimos asegurar las condiciones para mejorar sustancialmente la formación educativa en todos sus niveles, adoptando medidas de erradicación y prevención del abandono y del absentismo de las aulas; y evitando el fracaso escolar con programas eficaces de refuerzo educativo a los alumnos necesitados.

 

Justicia y moralidad fiscal

 

Estimamos que es necesario avanzar hacia la igualdad social por medio de una fiscalidad más justa y redistributiva, implementando una superior carga impositiva a las rentas más altas y reforzando las medidas efectivas contra el fraude fiscal.

 

Familia

 

La atención integral a la persona y al espacio familiar en que se desarrolla es un objetivo prioritario de Cáritas. En este sentido, demandamos a las autoridades su protección efectiva, con medidas socioeconómicas, educativas y fiscales adecuadas; y urgimos la aplicación y el reforzamiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, la garantía de sus objetivos y plazos, y la corrección de las carencias y disfunciones actuales.

 

Igualdad de las mujeres

 

La violencia y la desigualdad que sufre la mujer están ancladas en un sistema estructural de injusticia social, por lo que exigimos a los poderes públicos la suficiente atención, con medidas de orden legislativo e instrumentos políticos eficaces para la erradicación de las múltiples formas de violencia (sexual, física, laboral, educativa, psicológica...) que se siguen ejerciendo hacia las mujeres; y la garantía de la igualdad jurídica en todo tipo de situaciones económicas, sociales, políticas y culturales.

 

Migración y refugio

 

Consideramos que la migración de las personas forzadas por la persecución o la necesidad es un derecho que debe ser regulado, pero también protegido. En consecuencia, solicitamos a los poderes públicos un plan de acogida e integración de las personas que acceden al país, en condiciones a menudo trágicas. Es, sobre todo, imprescindible garantizar la atención integral y la protección jurídica y social de los menores extranjeros no acompañados en su tránsito a la vida adulta.

Por otro lado, es también necesario reforzar la cooperación internacional en las regiones de origen, con programas que aborden las causas de las migraciones forzadas, el fomento de la paz y los derechos humanos, la ayuda al desarrollo, la erradicación de la pobreza y la lucha contra la violencia y el comercio de las personas.

 

Servicios sociales

 

Exigimos a los poderes públicos implantar programas de desarrollo comunitario en el marco de los servicios sociales, en todas sus modalidades y con medidas eficaces.

En particular, en nuestra diócesis es urgente hacer efectivo el desarrollo reglamentario de la Ley de Servicios Sociales: desde los principios de responsabilidad pública, eficacia, calidad y sostenibilidad; y contando con los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan su adecuado funcionamiento.

Es también necesario desarrollar efectivamente de la Estrategia Regional para la Intervención en Zonas Desfavorecidas, optimizando y ampliando recursos, y promoviendo la participación de los ciudadanos afectados.

 

Protección medioambiental

 

Apostamos por el sostenimiento integral de la Tierra; y consideramos necesaria la adopción de una legislación adecuada que regule y asegure un sistema energético y productivo sostenible, basado en recursos permanentemente renovables y garantes del futuro de la vida en el planeta.

Asimismo, solicitamos a las administraciones públicas el desarrollo urgente de medidas activas de protección de las familias, personas y colectivos frente a la vulnerabilidad energética y el empleo de los recursos energéticos que deterioran las posibilidades de la vida.

PROTECCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES

 

Las familias en situación severa o moderada, especialmente repecutidas por las graves consecuencias sociales que está provocando la crisis sanitaria del coronavirus, no pueden ser abandonadas a su suerte.

Es grave responsabilidad de los poderes públicos prestar a estas personas una atención que, dada la tragedia que viven, no es una ayuda sino un derecho fundamental a la vida. Gran parte de las necesidades más perentorias están ya señaladas en las propuestas anteriores, pero consideramos de extrema necesidad la implementación, durante los próximos meses y mientras persista la situación, de las siguientes medidas:

  • Respecto a las necesidades primarias de alimentación, sanidad, energía y suministros domésticos, las administraciones deben prestar con suma urgencia una renta mínima vital que asegure los indispensables medios de vida personal y familiar.
  • Respecto al empleo, deben prorrogarse las prestaciones y subsidios de desempleo en caso de haber caducado; flexibilizarse las condiciones de acceso a los mismos; y proporcionarse ayuda de emergencia temporal a los empleos que carezcan de dichos derechos, como sucede en el caso de las empleadas y empleados de hogar.
  • Respecto a la vivienda, deben suspenderse los desahucios y desalojos; condonarse las facturas del suministro energético; y prestarse una atención excepcional con medios de alojamiento temporal a las personas sin hogar que viven en la calle.
  • Respecto a la educación, es obligación de la administración autonómica proporcionar los medios adecuados para la formación no presencial a quienes no puedan adquirirlos; y proporcionar ayudas compensatorias a las becas de comedor suspendidas.
  • Respecto a las personas inmigrantes, es imprescindible prorrogar las autorizaciones de residencia caducadas; suspender los expedientes sancionadores de estancia; prorrogar las tarjetas de asilo; dar acogida a los menores que hayan alcanzado la mayoría de edad; e iniciar un proceso de regularización generalizado ante la demanda de mano de obra en determinados sectores, al igual que Portugal e Italia.

 

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