Sevilla, 6 de junio de 2023. «Una pobreza persistente, agudizada por la coste de la viviendasubida de los precios». Esta es la grave advertencia lanzada por Cáritas Diocesana durante la presentación este martes de su Memoria 2022, con la que la organización católica rinde cuentas de la inversión y el trabajo realizados en la archidiócesis durante el pasado año.

El documento ha sido presentado en rueda de prensa por los responsables de la institución, encabezados por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Junto a él, el director de Cáritas Diocesana –Mariano Pérez de Ayala–, la secretaria general –Victoria Martín León– y el delegado episcopal –el sacerdote Salvador Diánez Navarro– han desglosado los principales resultados publicados en el documento.

14.597 familias atendidas por las Cáritas parroquiales

Según los datos difundidos, durante el año pasado la institución caritativa extendió su ayuda a un total de 46.319 personas. De ellas, 43.791 –encuadradas en 14.597 familias– fueron beneficiarias de la acción social desarrollada por las 257 Cáritas parroquiales que conforman la red territorial de Cáritas en la archidiócesis. El número de intervenciones alcanzó las 111.987.

Tanto el número de familias como el de intervenciones, que se mantuvieron en niveles muy próximos a los de 2021, contrastan con el volumen de la inversión realizada, que sí experimentó un importante incremento –un 22,32%–, hasta superar ampliamente los cinco millones de euros (5.285.745 euros), concentrado en los capítulos de suministros, vivienda y alimentación.

A las personas acompañadas por las Cáritas parroquiales y los servicios de información y asesoramiento (523) se suman las personas atendidas por los equipos especializados de la institución: personas sin hogar y en situación de grave exclusión (449), migrantes en situación de vulnerabilidad (629), personas en paro (605), menores (499), mayores (259) y mujeres (222).

Los alquileres lastran la economía de las familias necesitadas

Según la valoración realizada, los datos revelan dos tendencias sociales que parecen determinar la «realidad social desbordante» que afrontan los grupos de Cáritas. Por un lado, la persistencia de las condiciones de exclusión, con situaciones de pobreza que se cronifican. Y, por otro, el empeoramiento de la situación de los hogares más vulnerables, golpeados «ahora de nuevo» por el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios esenciales y el lastre principal del coste del alquiler de la vivienda.

Exclusión y precariedad: ni empleo ni protección

Junto al impacto de la crisis inflacionaria, la memoria incide en «otros factores de orden social» que están determinando las «condiciones de exclusión y precariedad» de las personas atendidas.

En este sentido, el análisis se refiere, en primer término, a la persistencia de condiciones del mercado de trabajo como «la temporalidad, la parcialidad, la baja remuneración, la actividad sumergida e irregular o la falta de derechos».

Además, Cáritas advierte de las limitaciones estructurales de una protección social «de baja extensión y baja intensidad», a las que se añaden «las situaciones de colapso administrativo, los retrasos, la inaccesibilidad presencial o los graves impedimentos de la brecha digital en los colectivos destinatarios», que agravan aún más su indisponibilidad.

La falta de recursos, la inestabilidad laboral del personal y la lentitud en las resoluciones en materia de dependencia, junto con la generalizada falta de presupuesto y recursos en los servicios sociales municipales completan este catálogo de advertencias.
Irregularidad administrativa de migrantes y desatención de personas sin hogar con problemas de salud mental

Especial atención merece en el análisis la situación de las familias y personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, «un factor de exclusión que impide el acceso a los sistemas de protección, recorta los derechos y merma las posibilidades de integración». Para Cáritas, «es necesario reiterar la denuncia de las dificultades en los procesos de regularización, la imposibilidad de acceder a las citas y la lentitud en los procesos administrativos, especialmente en el caso de los solicitantes de protección internacional».

Además, los equipos de Cáritas están denunciando la falta de recursos públicos dispuestos en la lucha contra el sinhogarismo y, particularmente, las graves e inaceptables deficiencias en la atención de las personas con problemas de salud mental.

Casi 13 millones de euros invertidos y 2.700 personas voluntarias

Junto a la labor social, la memoria presenta también el resumen de las cuentas anuales, que reporta una inversión total de 12.978.870 euros. De ellos, 8.487.510 fueron aplicados por Cáritas Diocesana y 4.491.360 por las Cáritas parroquiales.

Por su parte, los ingresos ascendieron a 10.862.341,21 euros. Más del 70% tuvo su origen en la aportación de las comunidades cristianas, de los socios y donantes, y de otras contribuciones privadas.

Al cierre de 2022, Cáritas contaba en Sevilla con 2.697 voluntarios y voluntarias.
  

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